Organizaciones femeninas de izquierda pidieron a los municipios rechazar las reformas al artículo 7º de la Constitución Estatal de Baja California, por considerarlas contrarias al derecho constitucional, y a los derechos de las mujeres.Diversas organizaciones, cuestionan el trabajo legislativo, pues en este caso, los legisladores actuaron a espaldas de la sociedad, al llevar a cabo las reformas en una forma secreta, pues la población no conoce el contenido de las reformas consituticonales.
Laura Gutiérrez López, directora de la organización Mujeres Unidas Olimpia de Gouges, dio a conocer un documento firmado por distintas organizaciones femeninas, que plantean que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, es contraria a tratados internacionales firmados por México contra la discriminación de derechos de las mujeres.
El documento suscrito por las exdiputadas federales Martina Montenegro Espinoza, Rosa Elena Mares Cossío , Carmen López Segura, y la regidora Guadalupe Murillo Quirino, además de al menos 5 decenas de representantes de distintas organizaciones sociales.
Con argumentos basados en la sentencia que emitió recientemente la Suprema Corte, recuerdan el argumento del ministro Jesús Gudiño, quien sostuvo que “no puede sostenerse que la carta magna mexicana establezca como un valor constitucional el derecho a la vida desde la concepción”, el cual fue reforzado por la postura del ministro José Ramón Cosío, quien planteó que “ni constitucionalmente ni internacionalmente existe un derecho como tal a la vida”.
El documento recuerda también argumentos de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que cuando se plantea el tema del aborto, los derechos que están en juego son aquellos inherentes de la mujer, de acuerdo al ministro Sergio Valls.
Se recuerda tambien la postura de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien plantea que “La Ley que penaliza el aborto, no se cumple, no se puede cumplir, y no hay manera de hacerla cumplir”.
“El aborto no se debe penalizar, lo que se debe hacer es sacarse de la clandestinidad. Las mujeres no abortan por maldad o por delincuentes, y no es humano que después de la pena que sufren enfrenten la dureza legal”, planteo la ministra Olga Sánchez Cordero.
Activistas por los derechos de las mujeres, criticaron la actitud de los legisladores bajacalifornianos, quienes discutieron y aprobaron esas modificaciones, “a espaldas de la sociedad”.
