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Sanción penal contra candidatos a diputados Ricardo Zazueta, Alejandro Bahena y el senador González Alcocer, exige PEBC

* Dan a conocer orden de aprehensión contra el exgobernador y exdiputados
* Se pide acción penal en contra del Síndico de Tijuana, y varios funcionarios estatales y federales
*Dirigente del PRI en Tijuana, otro de los involucrados

MEXICALI.-El Partido Estatal de Baja California, exigió al Procurador de Justicia de Baja California, Rommel Moreño Manjarrez, ejecutar las ordenes de aprehensión giradas por el juez segundo de lo penal, Salvador Morones Pichardo, como resultado de la denuncia penal por peculado presentada en el 2001, en contra del exgobernado Alejandro González Alcocer y 25 exdiputados que en aquel entonces se autobeneficiaron con millonarias liquidaciones.
En conferencia de Prensa realizada en la ciudad de Mexicali, dirigentes del Partido Estatal de Baja California, e integrantes de la Asociación Política Baja California, Jorge Eugenio Nuñez Verdugo y Jorge Gallego Salas, se dio a conocer que después de 7 años de litigios, y mediante intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juez Morones Pichardo, consideró suficientes las pruebas aportadas para configurar el delito de peculado, puesto que las millonarias liquidaciones con que se beneficiaron los diputados y el entonces gobernador González Alcocer, no formaban parte del presupuesto aprobado para el Congreso, ni para el propio Gobernador.
Se utilizaron indebidamente recursos públicos para autorizarse liquidaciones a las que no tenían ningún derecho.
Los dirigentes pebcistas, consideraron que esta resolución es un parteaguas para la administración pública gubernamental de todos los niveles de gobierno, pues sienta un precedente que obliga a las instancias de contraloría a proceder penalmente en contra de quienes incurran en desvío de recursos.
Existen actualmente decenas de denuncias penales en contra de exfuncionarios públicos y ninguna se ha llevado hasta sus ultimas consecuencias, debido a la protección que ejerce la propia instancia investigadora.
En el caso de la denuncia penal contra González Alcocer y los 25 exdiputados, la orden de aprehensión, es el resultado de una larga lucha jurídica de más de 7 años, que los propios interesados, en este caso la Asociación Política Baja California, presentó directamente y le estuvo dando seguimiento, incluso hasta en la Suprema Corte de Justicia.
La lucha seguirá, pues el siguiente paso, es que se obligue a la Procuraduría General de Justicia, a ejercer la acción penal, en contra de los indiciados en esta denuncia.
El proceso legal todavía no termina, pues en este caso, deberá la Procuraduría General de Justicia, realizar las gestiones pertinentes ante las instancias que correspondan, para ejecutar la orden de aprehensión.
En el caso concreto del exgobernador, y actual senador por Baja California, Alejandro González Alcocer, seguramente deberá efectuarse el juicio de procedencia que permita a las autoridades estatales, ejecutar la orden de aprehensión.
Otro de los inmiscuidos, en este caso, es el diputado Antonio Cano Medina, quien es actualmente diputado local.
Entre los indiciados a los que se deberá efectuar orden de aprehensión, figura el exdiputado local, y actual candidato a diputado federal por el PRI, Ricardo Zazueta Villegas, así como el también exdiputado local, y actual candidato a diputado plurinominal, Alejandro Bahena Flores.
Los otros indiciados son los siguientes:
Alcibiades García Lizardei, José Félix Arango, Sergio Avitia Nalda, Héctor Baltazar Ciprés, Sócrates Bastida, actual Secretario del Medio Ambiente del gobierno del Estado, Raquel Casillas Muñoz, Miguel Delfín Castro, Martín Dominguez Rocha, actual delegado en Baja California de la Procuraduría de Usuarios Financieros, Héctor Esparza Herrera, Edgar Fernández Bustamante, Gilberto Flores Mora, David Gutiérrez Piceno, Jaime Jiménez Mercado, Sergio Loperena Nuñez, Efrén Macías Lezama, el Síndico Procurador de Tijuana, Héctor Magaña Mosqueda, Alejandro Pedrín, Manuel Ramos Rubio, David Ruvalcaba Flores, actual dirigente del PRI en Tijuana.
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