* Declaran juzgados de BC. anticonstitucional cobro del gobierno estatal
* Se confirman costos inflados de la obra
* La población no debe pagar el costo de la malversación de fondos
PLAYAS DE ROSARITO.-Ejidatarios del Plan Libertador, obtuvieron una sentencia definitiva de amparo contra el pago de la Ley de Plusvalía del Boulevard 2000, con base en argumentos de inconstitucionalidad y falta de proporcionalidad en relación a los costos de la obra realizada.
José Barba Salazar, presidente del Comisariado del Ejido Plan Libertador indicó que los fallos han sido emitidos en relación a seis juicios de amparo presentados por distintos propietarios de parcelas que aparecen en la relación de beneficiarios de la obra. Otros cuatro están en curso y se espera también una sentencia definitiva en favor de los inconformes.
Barba Salazar dijo que en su conjunto, el gobierno estatal, pretendía cobrar 156 millones de pesos a los 10 ejidatarios que solicitaron un juicio de amparo.
Agregó que con estas resoluciones la ley de Plusvalía del Boulevard 2000 es de nula aplicación para quienes obtuvieron una sentencia definitiva a su favor.
Estos fallos representan un precedente que podrían seguir un destino similar al tenerse conocimiento de otros casos, presentados por pequeños propietarios.
El presidente del Comisariado del Ejido Plan Libertador, señaló que los juicios de amparo se sustentaron en pruebas de evidente anticonstitucionalidad, al no existir proporcionalidad entre la obra y los presuntos beneficios adquiridos, además de que el Ejecutivo Estatal, en este caso, Eugenio Elourduy, cambió arbitrariamente los parámetros de plusvalía aprobados inicialmente por el Congreso.
El Congreso había aprobado hasta mil metros de plusvalía cercanos al Boulevard, pero el decreto promulgado por el exgobernador Elorduy, lo amplió hasta mil 500 metros.
Hay presuntos beneficiarios del Boulevard 2000, que tienen sus parcelas o sus propiedades a una distancia en donde no se puede distinguir dicha vialidad, y sin embargo se les considera beneficiarios, expuso Barba Salazar.
Por otra parte, no concuerdan los altos costos de la obra, con lo que en verdad debió costar. Ahi hay un tema de malversación de recursos que debe esclarecer el Congreso y en su momento establecer las sanciones que correspondan, pero de ninguna manera debe cobrarsele a la población, este costo, agregó.
