TIJUANA.-La Asociación Política de Baja California formuló un llamado a electores del estado para ejercer un voto de castigo contra el Partido Acción Nacional en la elección del próximo cuatro de julio, al calificar de “fracaso” las estrategias para disminuir la inseguridad en la entidad, por parte de los gobiernos del presidente Felipe Calderón y el gobernador Guadalupe Osuna Millán, a los que criticó por utilizar cifras maquilladas para simular que se ha disminuido la incidencia delictiva.
“Al gobierno no le interesa la seguridad, le interesa nuestro voto, y por eso hay que castigar al partido que actualmente está en el gobierno, votando en contra de sus candidatos”, definió el presidente de la Agrupación Política de Baja California, Héctor Alonso Rico Díaz.
Anticipó que derivado de lo anterior la Asociación Política de Baja California hará campaña para hacer un llamamiento a la población civil para que aplique un voto de castigo contra el PAN.
Sostuvo que “miente el presidente Calderón cuando dice que han bajado los indices delictivos; miente el Secretario de Gobernación Gómez Mont cuando dice que ya se están desmantelando las estructuras del crimen organizado y miente el gobernador Osuna Millán cuando sale a decir que por obra y arte de los tiempos electorales ya se redujo la criminalidad”, sostuvoRico Díaz.
Durante una reunión con el grupo civil Madrugadores, Rico Díaz reveló con base en la más reciente encuesta sobre Seguridad Pública Baja California se mantiene en la “zona caliente” donde se ubican los estados con mayor índice de delitos de alto impacto, al ocupar el tercer lugar de entidades con más incidencia delictiva, “muy cerquita del infierno” en que se encuentra convertida actualmente ciudad Juárez.
De acuerdo a la escala de la Encuesta Nacional de Seguridad para el mes de mayo realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, Ciudad Juárez se encuentra en este momento en el punto más alto de la incidencia delictiva de alto impacto, en el nivel 6, que es la máxima, seguido de Sinaloa que está en el grado 4.5 y después Baja California, en el 4.3.
Sostuvo que en ciudad Juárez es en este momento un verdadero “Estado Fallido” por los niveles de violencia y el grado de impunidad que tienen los grupos criminales.
Pero “Baja California también está muy cerca de serlo, y es lo que no podemos permitir”, agregó.
“Lo que ha pasado es muy sencillo en aquellas entidades donde tenemos este problema se han coaligado los intereses comerciales y de los grupos criminales”, sostuvo.
Definió que en Ciudad Juárez esa coalición de corporaciones empresariales y grupos criminales ha llegado a constituir toda una “narcoeconomía” y “están pagando por eso”.
“Nosotros, en Tijuana tuvimos una narcoeconomía hasta hace un tiempo, y también estamos pagando por eso”, agregó.
Calificó de insuficientes las medidas contempladas en las distintas reformas legislativas en materia de seguridad, y la ley que se discute actualmente en el Congreso de la Unión.
Lo que nosotros estamos planteando es que se incluya también sanciones al patrimonio de los delincuentes. Mientras no se determine en forma clara y precisa la pérdida de bienes y el aseguramiento y confiscación de las cuentas bancarias de los delincuentes, “seguiremos padeciendo los efectos del gran negocio de corporaciones trasnacionales con sede en Suiza, las caiman y otros paraísos fiscales”, agregó Alonso Rico.
El presidente de la Agrupación Política de Baja California sostuvo que no tienen fundamento las cuentas alegrues que han hecho el gobernador Osuna Millán y el Secretario de Gobernación Gomez Mont, cuando hablan de que ha descendido los delitos en Baja California y el país.
Reconoció una disminución en delitos como el secuestro y desapariciones forzadas, pero “no han desaparecido”. Siguen ocurriendo y está latente que en cualquier momento se vuelvan a disparar como en el año pasado cuando Baja California llegó a alcanzar el primer lugar en este tipo de ilícitos.
Refirió que Baja California ocupa uno de los lugares más alto en casos de extorsiones telefónicas, sino es que el primero, mientras que los asesinatos violentos también continúan.
Agregó que los logros que se han tenido en Baja California con el decomiso de grandes cantidades de droga, armas y el arresto de algunos capos, ha sido un éxito del Ejército, pero no de las autoridades civiles, mucho menos de las corporaciones policiacas que siguen teniendo un alto grado de corrupción e ineficiencia.
Para Alonso Rico, la alternativa en este momento que tiene la sociedad civil de Baja California es utilizar el voto como una herramienta de presión que obligue a los políticos y a las autoridades a cambiar el actual estado de cosas.
“Al gobierno no le interesa la seguridad, le interesa nuestro voto, y por eso hay que castigar al partido que actualmente está en el gobierno, votando en contra de sus candidatos”, definió.
Anunció que la Asociación Política de Baja California utilizará la presente campaña para hacer un llamamiento a la población civil para que aplique un voto de castigo contra el PAN.
Baja California no puede ser Arizona
Alonso Rico rechazó culpar a migrantes deportados de la incidencia delictiva que persiste en Baja California, como lo han sugerido algunas personas, incluso desde el nivel oficial.
No podemos convertirnos en otro Arizona. Los migrantes son personas que deben merecer nuestros respetos. Indudablemente que entre el flujo de personas habrá alguno que cometa algún ilícito, pero los responsables de la inseguridad en Baja California son otros, sostuvo.
