
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, determinó en sesión extraordinaria este martes, otorgar la diputación de representación proporcional (la número 25) al panista Raymundo Vega Andrade, candidato de la Alianza por Baja California (PAN-Panal) a pesar de haber aceptado tanto los consejeros como los diversos partidos, que le correspondía a la profesora Arcelia Galarza Villarino.
La decisión final fue aprobada por el presidente del Consejo, Enrique Blancas De la Cruz y los consejeros Javier Lázaro Solís Benavides, Alfredo Nuza Meza, Rodolfo Julián Salgado Pérez y Rodolfo Epifanio Adame Alba, mientras Humberto Hernández Soto se abstuvo y Marina del Polar Olmeda García, se pronunció en contra del dictamen.
En protesta como lo anunció Andrés De la rosa Anaya, dirigente estatal del PAN, la alianza por Baja California no recogió las constancias de asignación de los diputados de representación proporcional.
En esta sesión los consejeros electorales decretaron la validez de las elecciones locales de diputados de representación proporcional del 4 de julio y determinó quiénes ocuparán las diputaciones de minoría, otorgándole cinco a la Alianza por Baja California y una para las coaliciones Por un Gobierno Responsable (PRI-Pvem), Por la Reconstrucción de Baja California (PT-Convergencia), los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el estatal de Baja California (PEBC).
Las diputaciones de minoría fueron otorgadas a Máximo García, Lizbeth Mata Lozano, Rubén Alanís Quintero, Gustavo Magallanes Cortes y Raymundo Vega Andrade panistas de la Alianza por Baja California: a la priísta Virginia Noriega Rios por la Alianza por un Gobierno Responsable: al perredista Francisco Javier Sánchez Corona, la petista Claudia Josefina Agatón Muñiz por la Alianza por la Reconstrucción de Baja California: y a Marco Antonio Vizcarra Calderón por el Partido Estatal de Baja California (PBC).
En la discusión, Rogelio Robles Dumas por la Alianza de Baja California, dio a conocer un posicionamiento firmado por todos los partidos representados en el Consejo electoral, respecto “al llamado error” que la “autoridad electoral, es la única que no entienda”.
El consejero Javier Lázaro Solís Benavides, insistió que sostendrá el sentido del dictamen aun en contra de las evidencias y el reconocimiento confeso del él mismo.
Señaló que la credibilidad del Consejo Electoral está en entredicho por la insistencia de validar “el error” de la suma de votos y otorgarle la curul a Raymundo Vega e indicó que todos los partidos piden rectificar el hecho.
Lanzando loas a Obed Silva Sánchez, representante de la Alianza por un gobierno Responsable, en una larga intervención, reiteró su voto a favor del dictamen.
El priísta Silva Sánchez estableció que las alabanzas de Solís Benavides, ante la incompetencia demostrada, “me causa más vergüenza que honor”.
Apuntó el priísta que algún consejero debería explicar en qué consiste el problema, la legalidad de los actos y los argumentos vertidos por robles Dumas y Julio Rodríguez, del PRD, porque no son válidos.
Criticó el representante de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, la ineficiencia al no encontrar la solución al llamado “error”, el cual apuntó lo trasladaron a las actas de los munícipes, a las presidencias municipales.
Rechazó que las elecciones puedan causar “estado”, pues la elección a munícipes de Tijuana, esta impugnada por las mismas razones de manipular las actas y agregar 50 votos para lograr meter como regidor a la panista Loreto Quintero Quintero.
Que se abra una profunda investigación en las direcciones del IEPC y entre los consejeros electorales que no cumplieron con su responsabilidad, por la tardanza en seguir el proceso electoral.
Tres miembros de la Comisión del Régimen de los Partidos Políticos por el daño causado. Este asunto va ir más allá de un simple reconocimiento de lo inédito, de lo histórico, pues no es posible que continúe la incompetencia y lo que hace necesario establecer el Servicio Electoral Profesional, “porque de seguir así al 2013, no garantiza nada”, rubricó.
Por su parte, el consejero Rodolfo Salgado aceptó que la contraloría del IEPC ya realiza investigaciones al respecto, las cuales deberán ser extensivas a los miembros del décimo segundo consejo distrital electoral, al a vez que reiteró su apoyo al sentido del dictamen.
Julio Rodríguez, representante del PRD, llamó “torpecracia” a la burocracia del Instituto Electoral, por dilatar y manipular las actas para otorgar un diputado y un regidor más al PAN.
La consejera Marina del Pilar, trató de justificar la manipulación de actas al señalar que esta situación derivó de “un error lamentable (donde) no se identifica dolo” y que fue producto de una mala transcripción.