Con la aprobación de la Ley Antisecuestros en México, subsanamos una deuda que como legisladores teníamos con la sociedad, aseguró Oscar Arce Paniagua, diputado federal quien puntualizó que ahora con leyes acordes a lo que la sociedad requiere van tras los secuestradores para que esten tras las rejas.
Lo anterior, en relación a la aprobación de la Cámara de Diputados de la primera Ley Antisecuestro en México, la cual establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas.
Entre los aspectos más relevantes de la ley esta el incremento de las penas de veinticinco a cincuenta años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima; o que durante el cautiverio lesionen a la víctima.
Oscar Arce resaltó que también se crea el Fondo de Apoyo para la Atención de Víctimas del Secuestro, el cual se orientará a la atención médica y psicológica de las victimas y protección a menores en desamparo.
Se prevé que para 2011 se aplique una primera bolsa de 98 millones de pesos para la reparación material del daño a víctimas o en su caso a familiares, además de que se prevé un impacto presupuestal total de 160 millones de pesos.
En el ámbito de apoyo a las víctimas, contarán con la asistencia gratuita de un asesor en materia penal, además se les restituirá sus derechos y la reparación de daños con recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio.
Arce Paniagua indicó que la ley anula para los secuestradores algunas de las herramientas de readaptación social como la liberación anticipada, indultos o amnistía.
“Prácticamente se federaliza el combate al delito del secuestro, ya que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en que participen más de tres personas, es decir se considerará delincuencia organizada”.
En el resto de los casos como el exprés y otros plagios donde no intervengan bandas organizadas, las investigaciones las llevarán a cabo las procuradurías estatales, precisó.
El Diputado federal consideró que las nuevas penalidades prácticamente son una cadena perpetua “virtual” para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, ya que un delincuente que ingrese al penal por ello, que en promedio tenga 20 años de edad, saldría cuando tenga 90 años de edad, al no tener ningún beneficio de preliberación o por edad avanzada.
La nueva disposición también tipifica el secuestro exprés y el autosecuestro; se sancionará de 100 a 350 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que simule la privación de su libertad.
Al que simule la privación de la libertad de una persona, con el propósito de obtener un beneficio, señalado líneas arriba, se le impondrá una sanción de dos a ocho años de prisión.
Oscar Arce agregó que se aplicará pena de dos a ocho años de prisión al servidor público que: divulgue información reservada o confidencial; revele sin fundamento alguno, técnico de investigación de las conductas prevista en esta ley.
Si la persona que cometa estas conductas es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión, entre otros, la pena será de cuatro años seis meses a trece años de prisión.
Precisó que se aprobaron la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Además de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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