Tijuana, 5 Ene. - La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH) ha registrado avances en materia de aplicación de esta garantía, pero aún existe un enorme rezago en su cobertura, afirmaron autoridades estatales.
El titular del organismo en la entidad, Arnulfo de León Lavenant, indicó que ha mantenido un contacto directo con todas las autoridades y funcionarios para solucionar directamente la problemática que en este rubro existe en la entidad.
Sin embargo, reconoció que falta ampliar su cobertura, sobre todo para el sur del estado, como en los poblados de San Quintín, Punta Prieta, Santa Rosalillita, Villa Jesús María, así como Bahía de los Ángeles.
También, la creación de una oficina de Derechos Humanos en Isla de Cedros y la Quinta Visitaduría Indígena, sólo se encuentran a la espera de los recursos que ya fueron solicitados, para estar en condiciones de llevar a cabo este programa.
El ombudsman refirió que uno de los principales retos que tiene la PDH es romper con la cultura del temor a la denuncia, "que la gente tenga la confianza de denunciar, pues muchas veces no lo hace porque cree que le va a ir peor, lo cual es infundado".
Existen dentro de la dependencia, 45 abogados prestos a atender cualquier solicitud de la comunidad que se sienta agraviada por cualquier situación o ente público, "en este sentido, nuestra institución ha avanzado bastante", consideró.
Destacó que el problema que todavía enfrenta la Procuraduría, es el hecho de que las corporaciones policiales "aún no hayan entendido que ya entramos a la cultura de los derechos humanos, incluso por instrucciones del Ejecutivo federal".
De León Lavenant aseguró que "tenemos todo el apoyo por parte de las autoridades federales y estatales, quienes así nos lo han hecho saber, para que las recomendaciones giradas a quienes infrinjan estas garantías, sean sancionados".
Refirió que en Baja California, los policías municipales, estatales y federales que se encuentran en la entidad, en ese orden, son quienes más agravian a los ciudadanos, pese a que a que se han capacitado mil elementos en Tijuana y 500 en Mexicali.
"Hemos capacitado a policías municipales, pero aún no tienen un buen uso del control de la fuerza e ira, por lo que promoveremos que se eleve al pleno del Congreso que se instituya que los agentes tomen cursos de derechos humanos cada año", expuso.
También agravian a la ciudadanía otros elementos, como los custodios de los penales e instituciones de Salud como el Hospital Civil y el Seguro Social, "que no brindan atención necesaria y urgente al ciudadano, cuando les es solicitada".
Actualmente, la PDH se encuentra en vías de establecer los debidos canales de comunicación con las autoridades recién establecidas, y ya se prevé una reunión con el gobernador y autoridades de Justicia, Seguridad Pública y Salud.
"Son las principales entidades que atienden a la gente y hay agravios a las personas, para que se brinde respuesta a las recomendaciones que damos, que en lo que van del año suman 37, la cuales han sido acatadas", manifestó.
Refirió que pese a los logros y las dificultades que ha padecido en sus gestiones, la PDH continúa con su intención de no permitir que ciudadano alguno sea agraviado por ningún funcionario ni servidor público en Baja California.
