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Aprueban diputados creación de la Fiscalía General de la República

México, 10 Dic
).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 370 votos en favor, 43 en contra y seis abstenciones el dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley de la Fiscalía General de la República. El documento establece la transformación de Procuraduría General de la República (PGR) en dicha fiscalía, órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con nuevas facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral. Legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a 20 artículos, las cuales fueron rechazadas de manera gradual por el pleno y el dictamen fue avalado en lo particular, sin cambios, con 319 votos en favor, 94 en contra y cero abstenciones. La nueva institución estará integrada por dos fiscalías especializadas: la primera en materia de delitos electorales y la segunda de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General. El nuevo marco legal de la fiscalía está compuesto de 46 artículos y es reglamentario de la reforma constitucional de los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de este año. El documento reforma, además, otros 72 ordenamientos legales y abroga la Ley Orgánica de la PGR publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009. El nuevo órgano autónomo estará presidido por el Fiscal General, quien ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal. El nombramiento del fiscal se sujetará a los lineamientos previstos en el Artículo 102 constitucional, que establecen que para ocupar el cargo el ciudadano debe ser mexicano por nacimiento y tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Además deberá contar con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El Fiscal General durará en su encargo nueve años y será designado bajo un procedimiento. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo federal. El Ejecutivo federal contará con 10 días para formular una terna y la enviará a la consideración del Senado. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. Si la cámara alta no hace la designación en los plazos establecidos, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. El Presidente de la República podrá remover al titular de la fiscalía si deja de ser mexicano, en los términos del Artículo 37 constitucional, si adquiere incapacidad total o permanente que le impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses y si comete violaciones graves a la Constitución. El Fiscal General deberá comparecer ente cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión cuando éstas así lo soliciten, y remitir anualmente, durante el primer periodo ordinario de sesiones, un informe de actividades. La reforma establece que la fiscalía iniciará investigaciones cuando tenga conocimiento de la existencia de delitos, bajo un marco de respeto de los derechos humanos. Tendrá el mando de investigación sobre las autoridades auxiliares que apoyen en el mismo y podrá hacer uso de su facultad de atracción en la investigación de los delitos del fuero común que tengan conexidad con el fuero federal, sin que esto signifique la federalización de los delitos atraídos. Durante la investigación, el Ministerio Público deberá allegarse de todos los elementos probatorios que le permitan esclarecer los hechos y podrá solicitar a otras autoridades o a particulares documentos y cualquier medio científico, siempre que no sea contrario a derecho. La fiscalía podrá ordenar la detención de una persona cuando exista urgencia en el caso y haya el riesgo de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia. La detención deberá observar los plazos legales de 48 horas, que podrá duplicarse en casos de delincuencia organizada. El Ministerio Público, en su papel de representante social, está facultado para solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de penas o medidas de seguridad que estime pertinentes, debiendo considerar lo actuado en la investigación y proceso penal. Respecto a su situación patrimonial y presupuestal, el nuevo organismo presentará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, a fin de que sea incorporado al paquete económico del año siguiente. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Fiscalía General estará integrada por dos fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y otra de combate a la corrupción. Sus titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por el Senado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo de 10 días hábiles. El artículo quinto transitorio del decreto señala que los actuales servidores públicos de la PGR que hayan sido nombrados por el Presidente de la República permanecerán en sus encargos hasta que sean designados por el Fiscal General de la República los titulares de las unidades administrativas creadas en la ley de la fiscalía. La discusión del dictamen inició alrededor de las 12:18 horas, cuando el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, fundamentó el documento. Hizo notar que la iniciativa, ahora incluida en el dictamen, entre otros asuntos propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales del sistema de procuración de justicia federal. El primero, dijo, es el relativo a la principal función del Ministerio Público de la Federación, que es investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad. Dicha función se fortalece al dotar de autonomía constitucional a la fiscalía, ya que para ejercer dicha función de manera más eficiente no debe estar subordinada a otro poder u órgano. En segundo lugar, aclaró, busca robustecer el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal y procesal penal y las que sean de su competencia, de conformidad con el orden jurídico mexicano. Por último, prosiguió, se intenta consolidar la función del Ministerio Público de la Federación para dejar de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad. Asimismo brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y, en general, hacer cumplir la ley, lo que contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Al fijar la postura del PAN, Karina Labastida Sotelo consideró que la autonomía constitucional que se le otorga a la Fiscalía General de la República a efecto de ejercer la persecución de los delitos de manera libre y objetiva en un marco de legalidad es un aspecto fundamental. A nombre del PRI, José Luis Cruz Flores Gómez expresó que la propuesta camina en el sentido de consolidar el compromiso de su administración con la legalidad y la transformación de México en un país de instituciones. Estableció que se envía un mensaje sólido y contundente: “nada ni nadie sobre la ley.” Lucila Garfías Gutiérrez, de Nueva Alianza, señaló que ante el complejo entorno social en materia de seguridad que vive el país y los embates de la delincuencia resulta imprescindible contar con un sistema de justicia eficaz, eficiente, imparcial, objetivo y que no permita la impunidad. Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM, manifestó que los mexicanos hoy más que nunca demandan la posibilidad de tener un país en el que acabe la desigualdad, en el que todos tengan acceso a las mismas oportunidades, en el que se termine la discriminación, en el que se acabe la pobreza y antes que nada la inseguridad. Al hablar a nombre del PRD, Catalino Duarte Ortuño, opinó que la reforma está lejos de lo que se necesita, pero “coincidimos en la necesidad de consolidar un verdadero cambio a nuestro sistema de justicia”. Lilia Aguilar Gil, del PT, señaló que la reforma del 2008 del sistema procesal penal y la reforma de derechos humanos dejaron como gran pendiente la creación de una Fiscalía General, que finalmente viniera a poner a México a la par de las democracias del mundo.
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