Socios del Club Campestre anunciaron medidas legales contra el decreto de expropiación anunciado por el gobierno de Baja California.
De acuerdo a los socios del Club, el gobernador Jaime Bonilla realizó maniobras ilícitas para promover la Expropiación del cambió el nombre de los propietarios.
Durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes, el abogado Adolfo Solís aseguró que el inmueble estaba a nombre de Club Social y Deportivo Campestre A.C. y fue cambiado a favor de Luis Fernando Verduzco, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Territorial (Sidurt), por lo que iniciarán acciones legales en su contra, las cuales se sumarán a las que ya se emprendieron contra el gobierno del estado.
“Aquí lo que quiero decirles es que el nombre del propietario lo eliminaron; se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron, los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles, cuando deberían de estar disponibles”, señaló.
Para llevar a cabo la expropiación es necesaria una indemnización de entre mil 500 a mil 200 millones de pesos, pero el gobierno estatal se niega a pagarlo, aseguró el abogado.
El Club Campestre Tijuana da empleo directo a 225 personas y mil de forma indirecta, aseguraron los integrantes ante medios de comunicación, y aunque aseguraron que en el futuro podrían apoyar a la ciudad con áreas verdes, no dieron ninguna fecha.
