El argumento del Ejecutivo es que no pueden publicar en el Periódico Oficial del Estado un decreto que vulnera el estado de derecho en perjuicio de la sociedad civil bajacaliforniana, a pesar de que algunos legisladores habían señalado que el mandatario estatal no tiene las facultades para observarlo.
Osuna Millán consideró que el plebiscito que realizó el Poder Legislativo no alcanzó el 10 por ciento de la participación ciudadana que establece la ley, sino únicamente el 7.61 por ciento, por lo que se invalida su procedimiento.
