Por Antonio Limòn
El 5 de noviembre de este 2014, Jesús Murillo Karam Procurador General de la República dijo ante los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa “Ya estoy cansado de tantos regaños, de que me estén reclamando que no hago bien mi trabajo“ y argumentó que solo cuenta con 1,500 policías y 10,000 soldados para hacerlo, las notas periodísticas dicen que el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido “dijo lo mismo”.
No comentaré lo del cansancio, ni lo de los regaños de los que se queja el procurador, pero que ya inspiraron a uno de los reclamos mediáticos más sobresalientes en las redes sociales, el #YaMeCanse, sino solo me referiré al dato aportado por el procurador sobre los efectivos policiacos con los que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR): 1,500 policías.
La PGR de acuerdo con los datos del presupuesto de egresos 2014 es una entidad centralizada con 30 mil funcionarios, de los cuales la inmensa mayoría son funcionarios administrativos y abogados que cumplen el papel de agentes del ministerio público, que son los que llevan los juicios en los juzgados y tribunales federales del país y un cuerpo de peritos, dejando apenas un puñado de puestos para la Policía Federal Ministerial investigadora, que es a la que se refiere nuestro agobiado procurador.
En cuanto al Ejército este es preparado para defender al país en caso de una invasión enemiga y para auxiliar a la población en caso de desastre, ningún militar es preparado en derechos humanos, ni en garantías de los procesados ni en técnicas de investigación policiaca, son militares cuya misión es arrasar al enemigo en cuanto lo tenga a la vista. El ejército como fuerza de policía es lento, pesado, fuerte y sin sutileza, ni finura intelectual alguna, es una máquina para recibir órdenes y ejecutarlas a punta de cañón. Es seguro no solo existe una Tlatlaya en su historia.
Las fuerzas policiacas a cargo del Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, son ex militares y policías de escasa o nula preparación, que son la “fuerza de choque” de los cuerpos policiacos federales. La razón para que exista esta fuerza policiaca al servicio de la PGR, pero administrativamente separada de ella, es por razones presupuestales, por razones de dinero. Los policías federales ministeriales de la PGR cobran más que los policías federales de la Secretaría de Gobernación.
La suma de todas las fuerzas de policías federales no llegan a 8 mil en toda la república, lo cual es una cantidad raquítica, precaria, insignificante, minúscula y por eso ocurre en este país de 120 millones de habitantes lo que está ocurriendo. A esos 8 mil agentes les compete combatir a la delincuencia organizada, a los 7 grandes carteles que se han dividido el territorio nacional: Los del Golfo, los Zetas, la federación de Sinaloa, el del Pacifico Sur, el de Juárez, el de Jalisco nueva generación y los caballeros templarios que andan por ahí agazapados. Cualquiera de esos carteles tiene más capacidad de fuego que los policías federales.
Los funcionarios de la PGR lo saben y no desean pelear directamente con los carteles por su inferioridad y tampoco los carteles quieren enfrentar al Estado, pues esto acarrearía un fuerte apoyo internacional al Estado y a la postre los acabaría. Por razones de recíproca conveniencia y de simulación muy propias de nosotos, la PGR y los carteles han llegado al acuerdo "de facto" bajo la tesis de: “No te voy a combatir y menos a investigar, a cambio controla a tu gente para que no haga desmanes, pero si por alguna razón te detienen, pues ni modo, te vamos a procesar"
Este arreglo funciona de maravilla a nivel federal y a nivel local. Ese mismo era el acuerdo de José Luís Abarca con la pandilla de los “Guerreros unidos” enemiga de los “Rojos” ambas pertenecientes a dos carteles enemigos. El acuerdo informal de nuestro sistema de convivencia con los carteles mexicanos se rige por el siguiente:
DECALOGO
1.- Cualquier delincuente debe arreglarse con quienes lo detienen antes de que sea entregado en las oficinas de la PGR. Si el delincuente es entregado por el ejército entonces nada impedirá que sea consignado ante el Juez de Distrito;
2.- Las oficinas de los agentes federales son intocables para los carteles. Los agentes federales serán respetados en su integridad física por los carteles, siempre y cuando porten su uniforme, pues aquel que no lo utilice será considerado como parte de otro cartel enemigo;
3.- Los agentes federales no deberán intervenir a favor de ningún cártel en las guerras que entre estos se celebren, en momentos de guerra los federales no deben realizar detenciones de la tropa criminal pues están luchando contra otros carteles y no están preparados para arreglarse con los federales;
4.- En caso de que los agentes federales o el ejército intercepten a un comando armado de algún cartel, este deberá rendirse sin disparar, en caso de que disparen entonces podrán ser abatidos sin que por ello existan represalias;
5.- Los agentes federales respetarán y no intervendrán en los acuerdos que los carteles celebren con las autoridades locales, gobernadores, presidentes municipales, policías municipales o estatales o militares de cualquier rango;
6.- Los agentes federales no divulgarán la información que posean sobre los carteles, su estructura, sus mandos, su capacidad de reacción, ni sobre sus zonas de actividades, ni sus rutas para transportar drogas;
7.- Los agentes federales no informarán a las autoridades locales datos que puedan ayudar a estas a descubrir a los autores de los asesinatos relacionados con la guerra entre los carteles o con ajusticiamientos de sus miembros;
8.- Quedan exceptuados de este acuerdo, los asesinatos y secuestros de personalidades socialmente apreciadas, así como las detenciones solicitadas y dirigidas por agentes policiacos de la DEA o de cualquier organismos o policía internacional. En todo caso los agentes federales avisarán, si es posible, a los carteles de estas acciones contra ellos;
9.- Es obligación de los carteles proporcionar mensualmente un cierto número de “chivos expiatorios” o delincuentes menores con amasijos de drogas o armas suficiente en cantidad y cualidad para ser procesados formalmente y mejorar las estadísticas de la lucha contra la delincuencia organizada;y,
10.- Los carteles, a través de sus bandas tributarias otorgarán una compensación anual a las áreas operativas de las autoridades federales que corresponda a su radio de acción.
Este decálogo entre los carteles y la PGR rige las relaciones entre ambas entidades y permite que una fuerza policiaca tan pequeña pueda mantener la apariencia de un cierto control. En realidad no puede ser de otra forma, pues los recursos de la nación están dirigidos a amamantar a las mas peligrosas organizaciones de la delincuencia en México, la de los partidos políticos y mientras éstos demanden insaciablemente diputaciones, senadurías, regidurías, chambas estatales, federales y municipales, delegaciones, contratos, sinecuras en órganos intermedios y autónomos, INEs, IFEs, IFAIs, CNEEs, etc., un poder judicial de jueces, magistrados y ministros que fingen conveniente sordura y ceguera, y mientras nuestros académicos y profesionales liberales exijan a cambio de su silencio y complicidad chambas, premios y privilegios, pues no habrá dinero suficiente, ni reservas morales para combatir a los carteles, que simplemente son eficientes y no gastan su dinero en parásitos, ni en simuladores.
EL DECALOGO DE LA PGR Y LOS CARTELES
Por Antonio Limòn
El 5 de noviembre de este 2014, Jesús Murillo Karam Procurador General de la República dijo ante los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa “Ya estoy cansado de tantos regaños, de que me estén reclamando que no hago bien mi trabajo“ y argumentó que solo cuenta con 1,500 policías y 10,000 soldados para hacerlo, las notas periodísticas dicen que el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido “dijo lo mismo”.
No comentaré lo del cansancio, ni lo de los regaños de los que se queja el procurador, pero que ya inspiraron a uno de los reclamos mediáticos más sobresalientes en las redes sociales, el #YaMeCanse, sino solo me referiré al dato aportado por el procurador sobre los efectivos policiacos con los que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR): 1,500 policías.
La PGR de acuerdo con los datos del presupuesto de egresos 2014 es una entidad centralizada con 30 mil funcionarios, de los cuales la inmensa mayoría son funcionarios administrativos y abogados que cumplen el papel de agentes del ministerio público, que son los que llevan los juicios en los juzgados y tribunales federales del país y un cuerpo de peritos, dejando apenas un puñado de puestos para la Policía Federal Ministerial investigadora, que es a la que se refiere nuestro agobiado procurador.
En cuanto al Ejército este es preparado para defender al país en caso de una invasión enemiga y para auxiliar a la población en caso de desastre, ningún militar es preparado en derechos humanos, ni en garantías de los procesados ni en técnicas de investigación policiaca, son militares cuya misión es arrasar al enemigo en cuanto lo tenga a la vista. El ejército como fuerza de policía es lento, pesado, fuerte y sin sutileza, ni finura intelectual alguna, es una máquina para recibir órdenes y ejecutarlas a punta de cañón. Es seguro no solo existe una Tlatlaya en su historia.
Las fuerzas policiacas a cargo del Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, son ex militares y policías de escasa o nula preparación, que son la “fuerza de choque” de los cuerpos policiacos federales. La razón para que exista esta fuerza policiaca al servicio de la PGR, pero administrativamente separada de ella, es por razones presupuestales, por razones de dinero. Los policías federales ministeriales de la PGR cobran más que los policías federales de la Secretaría de Gobernación.
La suma de todas las fuerzas de policías federales no llegan a 8 mil en toda la república, lo cual es una cantidad raquítica, precaria, insignificante, minúscula y por eso ocurre en este país de 120 millones de habitantes lo que está ocurriendo. A esos 8 mil agentes les compete combatir a la delincuencia organizada, a los 7 grandes carteles que se han dividido el territorio nacional: Los del Golfo, los Zetas, la federación de Sinaloa, el del Pacifico Sur, el de Juárez, el de Jalisco nueva generación y los caballeros templarios que andan por ahí agazapados. Cualquiera de esos carteles tiene más capacidad de fuego que los policías federales.
Los funcionarios de la PGR lo saben y no desean pelear directamente con los carteles por su inferioridad y tampoco los carteles quieren enfrentar al Estado, pues esto acarrearía un fuerte apoyo internacional al Estado y a la postre los acabaría. Por razones de recíproca conveniencia y de simulación muy propias de nosotos, la PGR y los carteles han llegado al acuerdo "de facto" bajo la tesis de: “No te voy a combatir y menos a investigar, a cambio controla a tu gente para que no haga desmanes, pero si por alguna razón te detienen, pues ni modo, te vamos a procesar"
Este arreglo funciona de maravilla a nivel federal y a nivel local. Ese mismo era el acuerdo de José Luís Abarca con la pandilla de los “Guerreros unidos” enemiga de los “Rojos” ambas pertenecientes a dos carteles enemigos. El acuerdo informal de nuestro sistema de convivencia con los carteles mexicanos se rige por el siguiente:
DECALOGO
1.- Cualquier delincuente debe arreglarse con quienes lo detienen antes de que sea entregado en las oficinas de la PGR. Si el delincuente es entregado por el ejército entonces nada impedirá que sea consignado ante el Juez de Distrito;
2.- Las oficinas de los agentes federales son intocables para los carteles. Los agentes federales serán respetados en su integridad física por los carteles, siempre y cuando porten su uniforme, pues aquel que no lo utilice será considerado como parte de otro cartel enemigo;
3.- Los agentes federales no deberán intervenir a favor de ningún cártel en las guerras que entre estos se celebren, en momentos de guerra los federales no deben realizar detenciones de la tropa criminal pues están luchando contra otros carteles y no están preparados para arreglarse con los federales;
4.- En caso de que los agentes federales o el ejército intercepten a un comando armado de algún cartel, este deberá rendirse sin disparar, en caso de que disparen entonces podrán ser abatidos sin que por ello existan represalias;
5.- Los agentes federales respetarán y no intervendrán en los acuerdos que los carteles celebren con las autoridades locales, gobernadores, presidentes municipales, policías municipales o estatales o militares de cualquier rango;
6.- Los agentes federales no divulgarán la información que posean sobre los carteles, su estructura, sus mandos, su capacidad de reacción, ni sobre sus zonas de actividades, ni sus rutas para transportar drogas;
7.- Los agentes federales no informarán a las autoridades locales datos que puedan ayudar a estas a descubrir a los autores de los asesinatos relacionados con la guerra entre los carteles o con ajusticiamientos de sus miembros;
8.- Quedan exceptuados de este acuerdo, los asesinatos y secuestros de personalidades socialmente apreciadas, así como las detenciones solicitadas y dirigidas por agentes policiacos de la DEA o de cualquier organismos o policía internacional. En todo caso los agentes federales avisarán, si es posible, a los carteles de estas acciones contra ellos;
9.- Es obligación de los carteles proporcionar mensualmente un cierto número de “chivos expiatorios” o delincuentes menores con amasijos de drogas o armas suficiente en cantidad y cualidad para ser procesados formalmente y mejorar las estadísticas de la lucha contra la delincuencia organizada;y,
10.- Los carteles, a través de sus bandas tributarias otorgarán una compensación anual a las áreas operativas de las autoridades federales que corresponda a su radio de acción.
Este decálogo entre los carteles y la PGR rige las relaciones entre ambas entidades y permite que una fuerza policiaca tan pequeña pueda mantener la apariencia de un cierto control. En realidad no puede ser de otra forma, pues los recursos de la nación están dirigidos a amamantar a las mas peligrosas organizaciones de la delincuencia en México, la de los partidos políticos y mientras éstos demanden insaciablemente diputaciones, senadurías, regidurías, chambas estatales, federales y municipales, delegaciones, contratos, sinecuras en órganos intermedios y autónomos, INEs, IFEs, IFAIs, CNEEs, etc., un poder judicial de jueces, magistrados y ministros que fingen conveniente sordura y ceguera, y mientras nuestros académicos y profesionales liberales exijan a cambio de su silencio y complicidad chambas, premios y privilegios, pues no habrá dinero suficiente, ni reservas morales para combatir a los carteles, que simplemente son eficientes y no gastan su dinero en parásitos, ni en simuladores.
