Plantean senadores reformar ley federal contra crimen organizado
México, 29 Nov 
).- Senadores del PRI y del PAN propusieron modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de dotar a las autoridades de herramientas para una investigación y persecución más eficaz del crimen.
Los legisladores también plantearon incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, actos relacionados con el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para el cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos.
Las senadoras priistas Arely Gómez González, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra, así como el senador panista Roberto Gil, pidieron además incluir en ese paquete el uso de moneda falsificada, narcomenudeo y contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
Consideraron necesario que el delito de delincuencia organizada amerite prisión preventiva oficiosa y sean sancionados aquellos que acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de delincuencia organizada y se determinen los medios para ello.
En la propuesta se plantea que sean condenados aquellos que participen intencional y activamente en actividades ilícitas o cuando contribuyan al lograr delitos, como el hecho de vigilar e informar de operativos de las autoridades que participan en el combate al crimen.
Además, incorpora la figura del testigo colaborador y establece que la autoridad judicial será la encargada de resolver sobre la proporción en que se reducirán las penas al testigo colaborador, siempre y cuando la información que proporcione sea relevante y colabore eficazmente con el Ministerio Público federal.
Para la intervención de comunicaciones privadas, indicaron que en el proyecto se prevé que la Procuraduría General de la República (PGR) cuente con un cuerpo técnico de control para realizarlas.
Aclararon que los agentes que no estén adscritos administrativamente a la unidad especializada en delincuencia organizada tendrían posibilidad de colaborar con esta unidad.
De igual forma, se pide amplíar la facultad para requerir información y documentación a otras autoridades.
Ello significa que se podrá solicitar información comercial por conducto de la Secretaría de Economía y en ningún caso podrá oponerse a los requerimientos de información el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza.
A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe proporcionar información de manera inmediata al Ministerio Público de la Federación de cualquier documentación, previa solicitud.
También se pretende ampliar el catálogo de técnicas especiales de investigación, como recabar información en lugares públicos mediante medios e instrumentos y cualquier herramienta para la generación de inteligencia.
Igualmente, el uso de cuentas simuladas, ya sean bancarias, financieras o equivalentes, la vigilancia electrónica, el seguimiento de personas y la colaboración de informantes, con respeto a los derechos humanos.
Los senadores proponen sancionar con prisión de cuatro a ocho años, de dos mil a tres mil días de multa y, en su caso, la destitución e inhabilitación en el servicio público de hasta ocho años, a quien divulgue o revele información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos usados contra la delincuencia organizada a quien no tenga derecho a conocerla.
En el proyecto se pide además que las personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada no tengan derecho a cumplir con la condena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.
