Privatización de Agua viola derechos humanos: Castillo

“No permitamos que se privatice el agua” * Llamado de Pedro Castillo Chavoya, advirtiendo que el Gobierno Federal y sus cómplices en la actual Cámara de Diputados preparan la ofensiva para limitar el consumo de agua por habitante, y concesionarle el servicio a empresas privadas, lo cual “es una violación a los derechos humanos” TIJUANA.- “El Gobierno Federal y los legisladores federales actuales preparan una ofensiva contra los mexicanos, porque pretenden limitar el consumo de agua por habitante, y le quieren concesionar el servicio a las empresas privadas, lo cual no debemos permitirlo”, advierte Pedro Castillo Chavoya, quien llama a la gente del Distrito 4 a razonar su voto el domingo 7 de junio y voten por él, para legislar en contra de esos atentados a los derechos humanos. Al poner ese recurso y el suministro del mismo en manos de empresas privadas, se viola el derecho humano al agua, y por supuesto, se viola la Constitución misma, porque en el Artículo 4 de nuestra Carta Magna dice que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible". La nueva Ley General de Aguas de México quedó detenida en marzo pasado, en virtud de que el partido político que se encuentra en el poder previó que continuar con la polémica le iba a perjudicar en el actual proceso electoral. “Ellos saben que si la hubieran aprobado, el PRI se caería definitivamente, incluso de la Presidencia de la República misma, porque ya nos están quitando una riqueza, un recurso nacional, el petróleo… pero que no toquen el agua, porque entonces la gente les hace una revolución armada. Limitarles o cortarles el agua a la gente, es condenarla a morir, eso no se vale, sería lo ultimo; no lo podemos ni lo debemos permitir”, expresó molesto Pedro Castillo. El problema es que la iniciativa sigue en Comisiones, y por eso es que la postura oficial de los abanderados del PT en todo el país se pronuncian tajantemente en contra de dicha Ley. En caso de que la actual legislatura la aprobara, Pedro Castillo, se compromete a que él, y todos los que sean diputados federales por el PT, legislarán para derogar todos los artículos que tiendan a la privatización del servicio; y si el tema quedara pendiente para la legislatura entrante, van a votar en contra de esas pretenciones del Sistema. El aspirante a Diputado Federal en el Distrito 4 advierte que si las empresas privadas administran el servicio, se perderá toda política de sensibilidad social, ya que sin duda alguna, los empresarios verían el manejo de los recursos hídricos como un negocio, y a ellos, a los empresarios, no se les podría exigir, como sí se hace con el Gobierno, a ser más tolerantes, a dar facilidades e incluso condonar pagos a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. “Ciertamente las leyes actuales marcan como consumo mínimo promedio 50 litros diarios de consumo de agua por persona, pero no hay penalización por superar ese límite, y la tarifa, en los casos de consumo domiciliario, no sube mucho; en cambio, en manos de empresarios, para empezar, las tarifas se aumentarían demasiado, ya que no habría subsidio del Gobierno, y para colmo de males, los empresarios no les exentarían del pago a las personas de la tercera edad, ni les cobrarían tarifas simbólicas a las personas con discapacidad”. “No habría campañas de eliminación de multas y recargos, y ni qué pensar en que se decrete otro “borrón y cuenta nueva”, como la que hizo el Gobernador el año pasado. No, definitivamente, están condenando el Gobierno y sus cómplices a que la gente se muera por falta de agua, pues las familias pobres, que son mayoría en todo el país, no podrían pagar tarifas elevadas, las empresas indolentes y crueles cortarían el suministro, y las familias pobres no tendrían ni para bañarse ni para lavar trastes, ni ropa… no, eso no se puede permitir”, abundó con mucho coraje Pedro Castillo Chavoya. De acuerdo a los tratados internacionales y la propia Constitución Mexicana, así como nuestras leyes relacionadas con los derechos humanos, negar o cortar el servicio de agua potable a la gente es un crimen de lesa humanidad, “o sea, eso es totalmente inhumano; es un delito por el cual se podría incluso solicitar juicio político y cadena perpetua a los que aprueben esa Ley. Por eso debemos impedir o detener y desaparecer esa Ley que atenta contra la vida misma del ser humano”, recalcó. Al parecer, para lograr sus objetivos, los que quieren que prospere la nueva Ley General de Aguas, reformaron el artículo 27 de la Constitución para dejarlo así: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización". Pero si le conceden a particulares el suministro de agua van a perjudicar la economía de los mexicanos pobres, como se advierte ya. Otro aspecto perjudicial de la nueva Ley de Aguas es que habla de suministrar el agua a las grandes concentraciones urbanas, descritas como "asentamientos humanos", pero a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias, por lo que esto afecta además a los pueblos indígenas. "Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios ancestrales serían usados para llevar agua a zonas donde esta se paga bien", advirtió un hidrogeólogo de la UNAM. Para solucionar el problema de la escasez de agua que habita en algunas regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante megaproyectos de infraestructura, y esos son pretextos para cometer actos como el siguiente: en Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez, dos líderes indígenas Yaquis, están tras las rejas por luchar para detener la construcción de un acueducto ilegal que los despoja de su agua. Sin informar ni consultar a la tribu Yaqui, en enero de 2010, el Gobierno del Estado de Sonora inició la construcción del Acueducto Independencia - con el pretexto de dar agua a Hermosillo. Y a pesar de que la tribu Yaqui ha ganado la batalla legal en tribunales, las acciones ilegales del gobierno continúan hasta el día de hoy. “Si eso está pasando ahorita ya, ¿qué podemos esperar si aprueban la nueva Ley de Aguas? Que esas injusticias se repitan por todo el territorio nacional, y eso no debemos permitirlo. Amigo elector del Distrito 4, el domingo 7 de junio vota por la diferencia, vota por el PT, vota por tu amigo, Pedro Castillo Chavoya para Diputado Federal, y vamos a defenderte en la Cámara de Diputados, para impedir esas injusticias”, concluyó.