Con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, será más difícil que Estados y Municipios incurran en desvío de recursos públicos, pues la nueva regulación, otorga a organismos de fiscalización, facultades para revisar a detalle el destino de las participaciones federales que reciben estas entidades, aseguró el titular del órgano de fiscalización de Baja California, Manuel Montenegro Espinoza
Va a ser muy observado y fiscalizado, todo lo que vaya garantizado por participaciones federales, ya le están dando facultades a la auditoria superior de la federación para que también audite esos recursos, señaló.
El desvío de recursos provenientes de participaciones federales, será incluso motivo de sanción penal, anticipó
Consideró que con esta fiscalizacíon, no va a haber el cambio de destino de los recursos, “de que si yo pedí para hacer una escuela, por hablar de una obra, o una calle, pero resulta que después digo mejor le abono a los bancos y después ya veo como le hago…eso va a ser un tema, hasta llegar a lo penal..”
Precisó que también podría ser penalizado un endeudamiento no justificado de Estados y Municipios
La auditoría superior de la federación puede fiscalizar el destino y ejecución de los recursos provenientes de deuda pública que esté garantizada por la federación, porque, porque el endeudamiento debe de ser, únicamente para inversión productiva, no debe de ser para gasto corriente, ni para pasivos que se generan por gasto corriente, analizó.
La Comisión Anticorrupción, formada por organismos técnicos interdisciplinarios y ciudadanos, también podrán atender denuncias de desvíos de recursos, en tiempo real, al momento en que se presenten.
La auditoría superior de la federación le competirá investigar las irregularides que detecte en el ejercicio fiscal en curso, o en ejercicios anteriores, añadió.
Destacó como uno de los grandes avances, las facultades que se otorgan a la Auditoría Superior de la Federación para la promover denuncias penales que correspondan.
La auditoría superior de la federación promoverá las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, y en su caso, a los de los estados municipios, estados d.f. y particulares, cuando en uso de sus facultades detecte irregularidades, agregó.
Las leyes secundarias, está en proceso el plazo de un año a partir de la reforma constitucional, la ley general del combate a la corrupción, en el cual se determinen los casos de corrupción y responsabilidad administrativa, el sistema nacional anticorrupción en los estados y los municipios en materia de corrupción, precisó.
