El mandatario también ordenó crea una Oficina de Abogados para Víctimas de Indocumentados, cobrar multas que deban los migrantes, priorizar las detenciones en la frontera, que en el caso de San Diego son cien kilómetros, hasta los retenes carreteros.
Igualmente ordenó detener fraudes de personas que buscan asilo, terminar con las ciudades santuario, identificar a indocumentados y “una agresiva aplicación de las leyes de migración en el interior” del país, más allá de la frontera.
