De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), entre las cinco obras que ya fueron contratadas y que desde el año pasado comenzaron trabajos para su construcción, se encuentra la desalinizadora más grande de América Latina, situada en Playas de Rosarito, que inició su construcción desde el año pasado y para la cual se tiene destinada una inversión de 10,524 millones de pesos.
El resto de los proyectos ya contratados consiste en otra planta desalinizadora en el poblado de San Quintín, la cual necesitó de 575 millones de pesos; también está la construcción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana, para lo cual se destinaron 154.3 millones de pesos.
Los otros dos proyectos son las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado destinadas para la Policía Estatal Preventiva (PEP) que requiere una inversión de 229 millones de pesos; y un sistema pluvial en Mexicali, por un monto de 254.7 millones de pesos.
De acuerdo con la Sidue, el resto de los seis proyectos —que aún no están contratados— consiste en una potabilizadora en Tecate; el hospital materno infantil; un sistema de enlace de monitoreo de seguridad pública; la rehabilitación integral de la carretera al Valle de Mexicali; el periférico Aeropuerto-Zapata con doble piso, a Playas de Tijuana, y el sistema de distribución de agua potable, en Ensenada.
Por falta de recursos públicos, retrasos
El secretario de la Sidue, Manuel Guevara Morales, explicó que había un acuerdo con la Federación para que les hiciera llegar 350 millones de pesos desde el año pasado, pero que a la fecha, se esperan apenas 250 millones de pesos, para el primer trimestre de este año.
“Por eso el retraso y acepto la responsabilidad de la secretaría, pero dependo mucho de Hacienda federal y de los recursos fiscales”.
Guevara Morales destacó que en la mayoría de contratos de los 11 proyectos hay un componente local, por lo que en prácticamente todas las obras están participando las compañías locales, con por lo menos 30, 40 o 50% y refirió como ejemplo de ello la planta desalinizadora en el poblado de San Quintín.
Indicadores macroeconómicos
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda, advirtió que además del retraso en el dinero, también están los recortes.
Añadió que para este 2017, la inversión máxima que se espera en obra pública es de 3,000 millones de pesos, que si se compara con la inversión anunciada en el 2015 —que era de 6,000 millones de pesos—, representa una reducción de prácticamente 50 por ciento.
“Y todavía más, esos 3,000 si los vemos con la devaluación e inflación, seguramente se van a convertir (comparado con los niveles de esos indicadores) en el 2015, en 30% menos, y ese 30% menos podría llegar a 2,200 millones en inversión en obra pública directa”.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, aseguró que el esquema de asociación público-privado es la opción que el gobierno estatal tomó para no frenar las obras que se tenían planeadas para la entidad.
Dijo que a pesar de que el estado tendrá que asumir el riesgo de ser el responsable de pagar si alguno de los proyectos no funciona, tienen la confianza de que no será así, pues antes de aprobar cualquiera de las propuestas se realiza un estudio para comprobar su viabilidad financiera y verificar que sea autosustentable.
