Ninguna autoridad puede remitir legalmente al Instituto Nacional de Migración (INM) a personas migrantes detenidas por la Policía Municipal con motivo de infracciones administrativas a fin de que resuelva sobre su situación migratoria, dio a conocer la Asociación Civil Alma Migrante.
Esto se dio luego de que la Asociación Civil promoviera un juicio de amparo contra la mencionada práctica irregular y la incorrecta información difundida sobre su legalidad, lo anterior, en defensa del derecho a la información, legalidad y no detención arbitraria e ilegal de las personas en contexto de migración.
La directora de este organismo, Graciela Zamudio, mencionó que para lograr este objetivo, el equipo de Alma Migrante presento una demanda de la que tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Decimoquinto Circuito con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Con ello, destacó, se logró la suspensión definitiva dictada en protección preventiva de los mencionados derechos, mediante resoluciones de fechas 14 y 21 de diciembre de 2018.
“Los abogados Ana Cecilia Morales Ahumada y Alexis Manríquez Castro, Secretaria del Juzgado en funciones de Juez de Distrito y titular del mencionado órgano jurisdiccional, respectivamente, ordenan al Presidente Municipal de la ciudad y al Secretario de Seguridad Pública Municipal que se abstengan de realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las personas migrantes”, expresó.
Asimismo, comentó se les ordena que den indicaciones a su personal, para que se abstenga de transmitir mensajes negativos sobre las personas migrantes; y girar instrucciones para que los jueces municipales dejen de extralimitarse en sus funciones, esto es, de remitir a las personas migrantes al INM.
Aunado a lo anterior, Graciela Zamudio dijo que también se les exhortó a proporcionar a la población en general, a las personas migrantes y a los servidores públicos del municipio, la información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio.
Adicionalmente, se le ordenó al delegado del Instituto Nacional de Migración que su personal se cerciore de que las personas migrantes a su disposición tienen acceso a la asistencia legal necesaria a través de las instituciones de Defensoría correspondientes.
Para concluir, resaltó que tan solo basta con mencionar el juicio de amparo número 1597/2018 o decir que se conoce de la existencia de estas resoluciones de suspensión definitiva, para hacer efectivo el derecho de las personas en contexto de migración a no ser remitidas al INM cuando han sido detenidas por la Policía Municipal en Tijuana con motivo de una infracción administrativa.
