La Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, solicitó al Gobernador Guadalupe Osuna Millán, vetar la promulgación de las reformas al artículo 7 de la Constitución del Estado, que establecen “el respeto del derecho a la vida desde el momento de la concepción”, al considerar que representa “una clara violación a los derechos humanos de las mujeres, de la pareja y por tanto de las familias de la entidad”.
El procurador de Derechos Humanos, Javier Sánchez Corona, sostuvo que la reforma, aprobada el pasado 23 de octubre, “sienta las bases constitucionales en el estado para la eliminación de las causas no punibles para el aborto, establecidas en el artículo 136 del Código Penal, que excluyen de responsabilidad en esta materia a aquellas mujeres que deciden interrumpir un embarazo en caso de violación, inseminación artificial practicada en contra de su voluntad, deformaciones congénitas en el feto o si está en riesgo su vida”.
Sánchez Corona sostuvo que el derecho de la mujer a decidir en cuanto al número y espaciamiento de hijos está contemplado tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales.
Agrega que esta reforma pierde de vista asimismo las estadísticas de violencia de género y hospitalarias, que muestran altos porcentajes de mujeres que en etapa de gestación son salvajemente golpeadas, y como resultado de ello padecen la pérdida del producto, siendo que en la mayoría de estos casos queden impunes dichas agresiones o ni siquiera son juzgadas.
El derecho a la salud, la toma de decisiones de la pareja, derecho a la vida, derecho ciudadano de las personas para ser consideradas como sujetos de derecho, tampoco se reconocen con la aprobación de esta reforma, dice el Procurador de los Derechos Humanos.
Sostiene que la reciente modificación aprobada representa un retroceso de aquellos logros que han costado varios años de lucha por acceder a derechos y dan a las mujeres y sus parejas el estatus de objetos del derecho, seres sin capacidad legal para decidir, lo que constituye además una violación a los derechos de ciudadanía.
Finalmente, observamos que esta reforma constitucional en la entidad, además de contravenir las garantías constitucionales, es contradictoria a la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su contenido se ha pronunciado a favor de la legalidad de aquellas autoridades que protegen los derechos fundamentales que dieron origen a las garantías tuteladas en la materia, agrega el ombudsman de Baja California.
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El procurador de Derechos Humanos, Javier Sánchez Corona, sostuvo que la reforma, aprobada el pasado 23 de octubre, “sienta las bases constitucionales en el estado para la eliminación de las causas no punibles para el aborto, establecidas en el artículo 136 del Código Penal, que excluyen de responsabilidad en esta materia a aquellas mujeres que deciden interrumpir un embarazo en caso de violación, inseminación artificial practicada en contra de su voluntad, deformaciones congénitas en el feto o si está en riesgo su vida”.
Sánchez Corona sostuvo que el derecho de la mujer a decidir en cuanto al número y espaciamiento de hijos está contemplado tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales.
Agrega que esta reforma pierde de vista asimismo las estadísticas de violencia de género y hospitalarias, que muestran altos porcentajes de mujeres que en etapa de gestación son salvajemente golpeadas, y como resultado de ello padecen la pérdida del producto, siendo que en la mayoría de estos casos queden impunes dichas agresiones o ni siquiera son juzgadas.
El derecho a la salud, la toma de decisiones de la pareja, derecho a la vida, derecho ciudadano de las personas para ser consideradas como sujetos de derecho, tampoco se reconocen con la aprobación de esta reforma, dice el Procurador de los Derechos Humanos.
Sostiene que la reciente modificación aprobada representa un retroceso de aquellos logros que han costado varios años de lucha por acceder a derechos y dan a las mujeres y sus parejas el estatus de objetos del derecho, seres sin capacidad legal para decidir, lo que constituye además una violación a los derechos de ciudadanía.
Finalmente, observamos que esta reforma constitucional en la entidad, además de contravenir las garantías constitucionales, es contradictoria a la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su contenido se ha pronunciado a favor de la legalidad de aquellas autoridades que protegen los derechos fundamentales que dieron origen a las garantías tuteladas en la materia, agrega el ombudsman de Baja California.
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