Respecto a la resolución del juez II De lo Penal solicitando orden de aprehensión contra el senador Alejandro González Alcocer, el Partido Estatal de Baja California, dio a conocer este dia el siguiente comunicado en donde define su posición y exige la renuncia del exgobernador bajacaliforniano.
Prospera ante juzgado penal demanda interpuesta desde el año 2001 por delito de peculado por indemnización ilegal al concluir su periodo como gobernador sustituto en Baja California.
Uno de los objetivos fundacionales del Partido Estatal de Baja California estriba en lograr que los funcionarios públicos actúen con absoluto apego a la Ley, rijan su desempeño en base a los principios de honestidad y hagan uso honesto de los recursos económicos que le pertenecen al pueblo.
Es un hecho constante, que cada vez que concluye un trienio o sexenio gubernamental nuestros funcionarios se auto-pagan, se auto-indemnizan, se auto-liquidan con enormes sumas de dinero público. Cultura política que era a todas luces del dominio público y con absoluta reprobación de la ciudadanía pues este tipo de sustracción de recursos públicos es ilícita, raya en lo delictivo y daña gravemente los intereses de nuestro país.
En congruencia con ese modo de entender la vida pública el 19 de septiembre de 2002, el Partido Estatal de Baja California, presentamos denuncia penal por peculado ante el Procurador General de Justicia, Antonio Martínez Luna, acusando de dicho delito al ex-gobernador Alejandro González Alcocer, hoy Senador de la República y presidente de la Comisión de justicia, y a los ex-diputados integrantes de la XVI Legislatura de Baja California.
A la averiguación previa le correspondió el número 498/02/104 y de inmediato advertimos que la Procuraduría General de Justicia mostró su absoluta falta de interés por investigar los hechos; fue necesario obligar al Ministerio Público a hacer la investigación. En los años siguientes promovimos cuatro juicios de amparo ante los jueces federales y sólo de ese modo logramos que corriera los trámites correspondientes.
Bajo la firma del entonces director de Averiguaciones Previas, Daniel de la Rosa Anaya, la Procuraduría resolvió que los indiciados no habían cometido delito alguno al auto-pagarse cientos de miles de pesos al concluir su encargo. Contra todos esos obstáculos decidimos continuar la lucha jurídica y promovimos un recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de lo Penal de Mexicali, juzgado que abrió el expediente 97/07; el juez, después de revisar todo el expediente y nuestro recurso de revisión, recién acaba de resolver lo que sigue:
I.- Que contra lo resuelto por el Ministerio Público los indiciados cometieron el delito de peculado al auto-pagarse dinero público que el artículo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado prohíbe destinar al pago de funcionarios que concluyen su encargo.
II.- El juez ordenó al Ministerio Público, dependiente del Procurador General de Justicia, Rommel Moreno Manjarréz, consignar los hechos ante un juez penal, con pedimento de orden de aprehensión contra los indiciados.
III.- El Juez Segundo de lo penal también ordenó que se notifique personalmente a todos los indiciados para respetar su derecho a la defensa.
IV.- Esa orden del Juez Segundo de lo Penal debe ser cumplida sin demora por el Ministerio Público.
Esperamos que la Procuraduría General de Justicia cumpla efectivamente los deberes que le corresponden para hacer respetar el Estado de Derecho, sin importar quiénes sean las personas involucradas, su rango o posición política.
Esta resolución viene a confirmar que el combate a la corrupción es una lucha que sigue vigente. Es necesario que el pueblo de Baja California se dé cuenta de que cualquier posición política de poder que se crea intocable, sucumbe ante la aplicación de la ley. Los poderosos pueden ser perseguidos por la justicia cuando incurren en un delito.
Nosotros somos parte de este pueblo harto de la corrupción en las esferas del gobierno.
ATENTAMENTE
JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO
PRESIDENTE ESTATAL
Mexicali B.C. a 14 de mayo del 2009
Prospera ante juzgado penal demanda interpuesta desde el año 2001 por delito de peculado por indemnización ilegal al concluir su periodo como gobernador sustituto en Baja California.
Uno de los objetivos fundacionales del Partido Estatal de Baja California estriba en lograr que los funcionarios públicos actúen con absoluto apego a la Ley, rijan su desempeño en base a los principios de honestidad y hagan uso honesto de los recursos económicos que le pertenecen al pueblo.
Es un hecho constante, que cada vez que concluye un trienio o sexenio gubernamental nuestros funcionarios se auto-pagan, se auto-indemnizan, se auto-liquidan con enormes sumas de dinero público. Cultura política que era a todas luces del dominio público y con absoluta reprobación de la ciudadanía pues este tipo de sustracción de recursos públicos es ilícita, raya en lo delictivo y daña gravemente los intereses de nuestro país.
En congruencia con ese modo de entender la vida pública el 19 de septiembre de 2002, el Partido Estatal de Baja California, presentamos denuncia penal por peculado ante el Procurador General de Justicia, Antonio Martínez Luna, acusando de dicho delito al ex-gobernador Alejandro González Alcocer, hoy Senador de la República y presidente de la Comisión de justicia, y a los ex-diputados integrantes de la XVI Legislatura de Baja California.
A la averiguación previa le correspondió el número 498/02/104 y de inmediato advertimos que la Procuraduría General de Justicia mostró su absoluta falta de interés por investigar los hechos; fue necesario obligar al Ministerio Público a hacer la investigación. En los años siguientes promovimos cuatro juicios de amparo ante los jueces federales y sólo de ese modo logramos que corriera los trámites correspondientes.
Bajo la firma del entonces director de Averiguaciones Previas, Daniel de la Rosa Anaya, la Procuraduría resolvió que los indiciados no habían cometido delito alguno al auto-pagarse cientos de miles de pesos al concluir su encargo. Contra todos esos obstáculos decidimos continuar la lucha jurídica y promovimos un recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de lo Penal de Mexicali, juzgado que abrió el expediente 97/07; el juez, después de revisar todo el expediente y nuestro recurso de revisión, recién acaba de resolver lo que sigue:
I.- Que contra lo resuelto por el Ministerio Público los indiciados cometieron el delito de peculado al auto-pagarse dinero público que el artículo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado prohíbe destinar al pago de funcionarios que concluyen su encargo.
II.- El juez ordenó al Ministerio Público, dependiente del Procurador General de Justicia, Rommel Moreno Manjarréz, consignar los hechos ante un juez penal, con pedimento de orden de aprehensión contra los indiciados.
III.- El Juez Segundo de lo penal también ordenó que se notifique personalmente a todos los indiciados para respetar su derecho a la defensa.
IV.- Esa orden del Juez Segundo de lo Penal debe ser cumplida sin demora por el Ministerio Público.
Esperamos que la Procuraduría General de Justicia cumpla efectivamente los deberes que le corresponden para hacer respetar el Estado de Derecho, sin importar quiénes sean las personas involucradas, su rango o posición política.
Esta resolución viene a confirmar que el combate a la corrupción es una lucha que sigue vigente. Es necesario que el pueblo de Baja California se dé cuenta de que cualquier posición política de poder que se crea intocable, sucumbe ante la aplicación de la ley. Los poderosos pueden ser perseguidos por la justicia cuando incurren en un delito.
Nosotros somos parte de este pueblo harto de la corrupción en las esferas del gobierno.
ATENTAMENTE
JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO
PRESIDENTE ESTATAL
Mexicali B.C. a 14 de mayo del 2009
