* En el caso de la venta de biblioteca, el Congreso no encontró elementos para pedir acción penal
El diputado Antonio Cano Jiménez aseguró que fuera del caso del Cecyte de Mexicali en donde hay dos personas presas y una que se ha amparado por fraude, en los tres primeros años del gobierno de Guadalupe Osuna Millán y el periodo gubernamental de los cinco ayuntamientos, no hubo un solo caso de corrupción comprobado.
Ni en la administración del gobernador Osuna Millán, ni en el del alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, se detectaron casos de corrupción, según el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Según el diputado del Partido Encuentro Social, ni siquiera en los casos del llamado “Factura Gate”, donde se detectó adulteración de facturas por parte de regidores del XVII Ayuntamiento de Tijuana, o el caso de la venta ilícita de terrenos en el III Ayuntamiento de Playas de Rosarito, que fueron ampliamente documentados por medios de comunicación, se comprobó la comisión de delitos, y por lo tanto no se solicitó el ejercicio de acción penal.
Cano Jiménez, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, aseguró que pese a todo el escándalo público que se ha hecho del tema, el hecho concreto y objetivo, es que el Congreso no encontró elementos suficientes para pedir la acción penal por el caso de la venta de la biblioteca.
Para el organo de fiscalización ese caso se remitió a Sindicatura como una falta administrativa, aunque está pendiente lo que resuelva la fiscalía municipal según Cano.
A dos meses de que concluya el periodo constitucional de la XIX Legislatura, se ha cumplido con la fiscalización del 89 por ciento de las miles de cuentas públicas del gobierno estatal, los cinco ayuntamientos, desde el 2005 al 2009, y en ninguno de los casos revisados, se encontraron indicios de corrupción o malversación de fondos.
Unicamente hubo faltas administrativas, que fueron solventados correctamente por las sindicaturas municipales, afirmó Cano Jiménez.
Sostuvo que en cambio a lo largo de los tres años se recibieron una gran cantidad de denuncias de personas que entregaron mordidas a funcionarios de distintos niveles a cambio de favores recibidos, pero ninguna se investigó porque los denunciantes no entregaron pruebas.
Cano Jiménez sostuvo que hubo muchos intentos de vendetas politicas que no fueron atendidas por el Congreso.
Según Cano Jiménez, el Congreso del Estado no actúa ni por consigna ni vendetas politicas.
