En la Audiencia Pública convocada por el Senado de la República, con la comunidad académica nacional, representantes de la UNAM, del CIDE, Universidad La Salle, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del ITAM, y destacados abogados postulantes, expusieron y explicaron sus preocupaciones sobre la iniciativa de la presidencia de la República para quitar el dominio de bienes a criminales, como una forma de atacar su poder economico.
Al iniciar el análisis, la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), María Eloísa Quintero, luego de cuantificar las ganancias anuales producto del narcotráfico y referir que hay 450 mil personas vinculadas con el negocio, dijo que el Estado debe constituir jueces y ministerios públicos especializados en la materia de extinción de dominio a fin de combatir mejor el ilícito de la delincuencia organizada y que involucre bienes de terceros.
Por su parte Samuel González Ruiz, de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que la legislación mexicana actualmente posee medidas para combatir el fenómeno y no se han empleado adecuadamente, como el decomiso. Advirtió también que los legisladores deben atender problemas actuales, como el empleo de los testigos protegidos y las recompensas, que siendo manipulados, luego sirven para construir delitos. Por ello, se pronunció a establecer una regulación muy precisa, ya que “más poder requiere mayor control” y con la medida de extinción de dominio, se otorgan amplias facultades a las autoridades.
Simón Pablo Herrera Bazán, también investigador del INACIPE, coincidió con González Ruiz al señalar que existen herramientas legislativas que no se han empleado aún para combatir a la delincuencia, como el aseguramiento y el decomiso. Consideró que la reforma no contempla particularidades como el caso de aquellos bienes que hayan sido adquiridos a crédito, así como el impacto de la medida en el mercado de arrendamiento de inmuebles.
Sergio López Ayllón, Secretario General del CIDE, pidió a los legisladores basar la reforma en el principio de que es posible combatir al crimen organizado con el respeto a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Consideró que el proyecto en análisis carece de un procedimiento de escrutinio riguroso, una vez que se ha iniciado el proceso de extinción de domino; por ello, sugirió a los senadores profundizar en el tema, para evitar problemáticas una vez aprobada la ley.
En su oportunidad, Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, determinó que con la propuesta se avanza en el combate a la delincuencia organizada, sin embargo, deben clarificarse sus alcances, toda vez que en la ejecución de las sentencias, no se violen los derechos de terceros. Previo a la extinción de dominio, es necesario que se acredite el delito y así se sentencie.
A su vez, José Roldán Xopa, jefe del Departamento de Derecho del ITAM, dijo que en la reforma es necesario clarificar los riesgos, de lo contrario, se puede alcanzar un ordenamiento que no cumpla cabalmente con su objetivo principal, minimizar la operatividad de la delincuencia organizada. Por tal motivo, propuso aclarar ambigüedades, a fin de evitar abusos.
Juan Velásquez, abogado penalista, opinó que en primer lugar se debe definir si la gravedad de la delincuencia organizada se debe a la adecuación de las leyes, o por deficiencia y corrupción de las instituciones encargadas de combatir la inseguridad pública. Respecto a la Ley de Extinción de Dominio, explicó que existe un gran riesgo de que las personas pierdan sus bienes aún sin que exista un proceso penal, es más, “no respeta ni la paz de los sepulcros”, toda vez que herederos de bienes pueden perderlos si no comprueban la licitud de los mismos.
Al iniciar el análisis, la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), María Eloísa Quintero, luego de cuantificar las ganancias anuales producto del narcotráfico y referir que hay 450 mil personas vinculadas con el negocio, dijo que el Estado debe constituir jueces y ministerios públicos especializados en la materia de extinción de dominio a fin de combatir mejor el ilícito de la delincuencia organizada y que involucre bienes de terceros.
Por su parte Samuel González Ruiz, de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que la legislación mexicana actualmente posee medidas para combatir el fenómeno y no se han empleado adecuadamente, como el decomiso. Advirtió también que los legisladores deben atender problemas actuales, como el empleo de los testigos protegidos y las recompensas, que siendo manipulados, luego sirven para construir delitos. Por ello, se pronunció a establecer una regulación muy precisa, ya que “más poder requiere mayor control” y con la medida de extinción de dominio, se otorgan amplias facultades a las autoridades.
Simón Pablo Herrera Bazán, también investigador del INACIPE, coincidió con González Ruiz al señalar que existen herramientas legislativas que no se han empleado aún para combatir a la delincuencia, como el aseguramiento y el decomiso. Consideró que la reforma no contempla particularidades como el caso de aquellos bienes que hayan sido adquiridos a crédito, así como el impacto de la medida en el mercado de arrendamiento de inmuebles.
Sergio López Ayllón, Secretario General del CIDE, pidió a los legisladores basar la reforma en el principio de que es posible combatir al crimen organizado con el respeto a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Consideró que el proyecto en análisis carece de un procedimiento de escrutinio riguroso, una vez que se ha iniciado el proceso de extinción de domino; por ello, sugirió a los senadores profundizar en el tema, para evitar problemáticas una vez aprobada la ley.
En su oportunidad, Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, determinó que con la propuesta se avanza en el combate a la delincuencia organizada, sin embargo, deben clarificarse sus alcances, toda vez que en la ejecución de las sentencias, no se violen los derechos de terceros. Previo a la extinción de dominio, es necesario que se acredite el delito y así se sentencie.
A su vez, José Roldán Xopa, jefe del Departamento de Derecho del ITAM, dijo que en la reforma es necesario clarificar los riesgos, de lo contrario, se puede alcanzar un ordenamiento que no cumpla cabalmente con su objetivo principal, minimizar la operatividad de la delincuencia organizada. Por tal motivo, propuso aclarar ambigüedades, a fin de evitar abusos.
Juan Velásquez, abogado penalista, opinó que en primer lugar se debe definir si la gravedad de la delincuencia organizada se debe a la adecuación de las leyes, o por deficiencia y corrupción de las instituciones encargadas de combatir la inseguridad pública. Respecto a la Ley de Extinción de Dominio, explicó que existe un gran riesgo de que las personas pierdan sus bienes aún sin que exista un proceso penal, es más, “no respeta ni la paz de los sepulcros”, toda vez que herederos de bienes pueden perderlos si no comprueban la licitud de los mismos.
