Miles de trabajadores en riesgo de perder su patrimonio
Exigen cese todo proceso jurídico cuyo fin sea despojar a los trabajadores de su vivienda
México D.F.- Fernando Castro Trenti, Coordinador de los diputados priistas de Baja California, dio a conocer que los legisladores de esta entidad presentaron un Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear el Fondo de Rescate Financiero de la Vivienda del Trabajador.
Además, exigen al INFONAVIT y al FOVISSSTE a suspender todo procedimiento jurídico que tenga como finalidad despojar a los trabajadores de sus viviendas, en tanto no se implemente el Fondo de Rescate.
Castro Trenti afirmó: “En días pasados, los diputados federales por Baja California escuchamos los reclamos del Consejo Regional de Organizaciones Obreras de Baja California, los cuales se centran en el actual estado de indefensión que enfrentan miles de familias al no poder pagar las mensualidades de su vivienda de interés social, por lo que solicitaron nuestra intervención para impulsar la creación de un programa de rescate crediticio de viviendas de interés social, toda vez que, de acuerdo con ellos, las instituciones como el INFONAVIT y el FOVISSSTE se han convertido en lucrativos negocios de inmobiliarias, desarrolladores de vivienda e instituciones bancarias, olvidando el derecho inalienable de los trabajadores a obtener una vivienda digna.”
“Nuestro compromiso con los trabajadores es claro: vamos a defender su patrimonio y su derecho a una vivienda digna hasta donde sea necesario, las instituciones como INFONAVIT y FOVISSSTE no deben perseguir un fin de lucro, su deber es garantizar el acceso de los trabajadores a viviendas de calidad que permitan un desarrollo integral de las familias”, puntualizó Castro Trenti.
Continuó: “Por eso, los legisladores bajacalifornianos vamos a impulsar la creación del Fondo de Rescate Financiero de la Vivienda del Trabajador, para beneficiar a más de 5 millones de familias, dentro del Presupuesto de Egresos del 2013, además, exigimos que se suspenda todo procedimiento jurídico que implique o tenga por objeto despojar de sus viviendas a los trabajadores que enfrentan dificultades para cubrir sus créditos.”
“Igualmente, buscaremos la creación de una agenda legislativa, en materia de vivienda que abarque no sólo a los organismos públicos como INFONAVIT y FOVISSSTE, sino también a los desarrolladores e instituciones financieras de vivienda, y pretendemos eliminar el uso de las figuras de los VSMG y las UDI en los créditos para la adquisición de viviendas de interés social y así dar seguridad y tranquilidad a los trabajadores y sus familias”, finalizó.
Actualmente, tan sólo el INFONAVIT tiene 252 mil créditos en cartera vencida y, de estos últimos, más de 110 mil casas han sido declaradas en incobrabilidad, lo que puede traer como consecuencia que los trabajadores pierdan su hogar.
El INFONAVIT ha vendido más de la mitad de estos créditos incobrables a despachos de cobranza, extranjeros en su mayoría, por un monto menor de 10% del valor del crédito, originando que más de 75 mil viviendas hayan sido abandonadas.
Asimismo, de conformidad con datos del Consejo Nacional de Vivienda, de 2005 a la fecha se ha despojado de su vivienda a más de 8 mil trabajadores, y 59 mil más han caído en cartera vencida, por lo que en un plazo no mayor de tres meses estarán enfrentando juicios de desahucio.
Por otro lado, mientras que en septiembre de 2007 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a terceros, el 22 de octubre de 2009, la Segunda Sala de la SCJN convalidó la legalidad de la venta de los créditos otorgados por el INFONAVIT, asestando un golpe mortal a la clase trabajadora, que es el motor y pilar de la productividad de la nación.
El Artículo 123, Fracción XII, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, obligación que parcialmente se hizo efectiva hasta 1971, luego de más de 53 años de lucha para hacer realidad ese derecho.
