Por Santiago Flores
El pasado 3 de Octubre un renovado Instituto Federal Electoral, inició el proceso electoral para la renovación del poder legislativo que culminará el 5 de Julio de 2009.
Las reformas que entran en vigor teóricamente, buscan cerrar espacios a la intervención de agentes externos, grupos de poder o sociedades secretas, que valiéndose de la debilidad de los partidos políticos han tenido una notoria y decisiva participación en los más recientes procesos electorales, realizando campañas de “miedo” para influir en el resultado final de los procesos electorales.
El Plan Integral del Proceso Electoral 2009, difundido hace unos días por el Instituto Federal Electoral, plantea como uno de sus objetivos centrales, “fortalecer el marco en el que contienden en exclusiva los partidos políticos en México”.
Para el cumplimiento de este objetivo, se plantean las siguientes tareas:
I).-Asegurar que ningún partido político ni persona, ya sea física o moral, puedan comprar espacios en la radio y televisión mexicanos; será el Instituto Federal el que directamente realice las contrataciones y asigne los tiempos correspondientes a cada partido político.
II).-Fortalecer los sistemas de fiscalización y supervisión de los recursos de los partidos políticos, para lo cual se creo una comisión que revisará trimestralmente el origen de los fondos de los partidos políticos, destinados a sus campañas políticas.
III.-Establecer un claro marco legal temporal y material para el desarrollo de las precampañas;
IV.-Procurar que la contienda electoral se desarrolle en la ejecución de la más amplia libertad y al mismo tiempo de respeto y civilidad entre los contendientes, para lo cual una comisión de radiodifusión revisará los contenidos de cada mensaje publicitario y censurará aquellos que no considere “sanos” para la contienda.
Es obvio que las reformas tienen dedicatoria para una serie de grupos que tanto desde el interior como del exterior invirtieron cuantiosas sumas de dinero para impulsar, primero “la alternancia política en el país”, y después para impedir el acceso al poder de Andrés Manuel López Obrador, al que un anuncio financiado por grupos empresariales llegó a comparar con los mismos demonios personificados en Hitler, Musolini o Francisco Franco.
Se sabe que Lino Korrodi y su famoso grupo “Amigos de Fox”, recibieron cuantiosas sumas provenientes de corporaciones empresariales del extranjero, e incluso de grupos ligados al Partido Republicano de Estados Unidos y de la fundación Konrad Adenauer, de la derecha alemana.
Uno de los elementos novedosos en la nueva legislación electoral, es que se otorga a la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral la facultad de solicitar a las autoridades superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para investigar el origen de aportaciones de “dudosa procedencia”.
Independientemente de que los resultados de estas innovaciones están por verse, una de las primeras consecuencias de estas reformas es que el costo financiero de operación de estas nuevas comisiones, disparó considerablemente el costo de los procesos electorales, que de acuerdo a lo presupuestado superará la cifra de los 13 mil millones de pesos.
En ese marco, durante el proceso de instalación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, representantes de los distintos partidos políticos, descubrieron que por “un lamentable olvido” de los legisladores, la reforma electoral, no contempló candados para impedir la intervención de grupos del narcotráfico en los procesos electorales.
Para corregir esa omisión, los partidos Convergencia Democrática y Partido de la Revolución Democrática, presentaron una propuesta para que la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el Cisen, investigue los antecedentes de los candidatos y participe en las investigaciones que realice la comisión de fiscalización sobre el origen de los fondos de los partidos en las campañas.
La propuesta, aunque de fondo necesaria a la luz de los más recientes acontecimientos ha dado origen a la primera de muchas tormentas porvenir en el renovado Instituto Federal Electoral, pues para muchos es inaceptable poner en duda la honorabilidad de los partidos y sus candidatos.
La posibilidad de un acuerdo en ese sentido, será definitivo para el futuro del proceso electoral.
Como todo proceso de cambio, las reformas representan una serie de amenazas y oportunidades.
Uno de los riesgos es que en aras de “la limpieza” de los procesos electorales, se vulneren derechos civiles y políticos de los propios ciudadanos y los partidos.
En contraparte, se presenta la oportunidad de que los partidos recuperen su razón de ser como vehículo de participación ciudadana al replantear sus propios procesos internos y la renovación de su oferta ante el electorado, y recuperar la credibilidad, que de acuerdo a las más recientes encuestas de opinión, esta por debajo incluso de las corporaciones policíacas, lo cual ya es mucho que decir.
El pasado 3 de Octubre un renovado Instituto Federal Electoral, inició el proceso electoral para la renovación del poder legislativo que culminará el 5 de Julio de 2009.
Las reformas que entran en vigor teóricamente, buscan cerrar espacios a la intervención de agentes externos, grupos de poder o sociedades secretas, que valiéndose de la debilidad de los partidos políticos han tenido una notoria y decisiva participación en los más recientes procesos electorales, realizando campañas de “miedo” para influir en el resultado final de los procesos electorales.
El Plan Integral del Proceso Electoral 2009, difundido hace unos días por el Instituto Federal Electoral, plantea como uno de sus objetivos centrales, “fortalecer el marco en el que contienden en exclusiva los partidos políticos en México”.
Para el cumplimiento de este objetivo, se plantean las siguientes tareas:
I).-Asegurar que ningún partido político ni persona, ya sea física o moral, puedan comprar espacios en la radio y televisión mexicanos; será el Instituto Federal el que directamente realice las contrataciones y asigne los tiempos correspondientes a cada partido político.
II).-Fortalecer los sistemas de fiscalización y supervisión de los recursos de los partidos políticos, para lo cual se creo una comisión que revisará trimestralmente el origen de los fondos de los partidos políticos, destinados a sus campañas políticas.
III.-Establecer un claro marco legal temporal y material para el desarrollo de las precampañas;
IV.-Procurar que la contienda electoral se desarrolle en la ejecución de la más amplia libertad y al mismo tiempo de respeto y civilidad entre los contendientes, para lo cual una comisión de radiodifusión revisará los contenidos de cada mensaje publicitario y censurará aquellos que no considere “sanos” para la contienda.
Es obvio que las reformas tienen dedicatoria para una serie de grupos que tanto desde el interior como del exterior invirtieron cuantiosas sumas de dinero para impulsar, primero “la alternancia política en el país”, y después para impedir el acceso al poder de Andrés Manuel López Obrador, al que un anuncio financiado por grupos empresariales llegó a comparar con los mismos demonios personificados en Hitler, Musolini o Francisco Franco.
Se sabe que Lino Korrodi y su famoso grupo “Amigos de Fox”, recibieron cuantiosas sumas provenientes de corporaciones empresariales del extranjero, e incluso de grupos ligados al Partido Republicano de Estados Unidos y de la fundación Konrad Adenauer, de la derecha alemana.
Uno de los elementos novedosos en la nueva legislación electoral, es que se otorga a la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral la facultad de solicitar a las autoridades superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para investigar el origen de aportaciones de “dudosa procedencia”.
Independientemente de que los resultados de estas innovaciones están por verse, una de las primeras consecuencias de estas reformas es que el costo financiero de operación de estas nuevas comisiones, disparó considerablemente el costo de los procesos electorales, que de acuerdo a lo presupuestado superará la cifra de los 13 mil millones de pesos.
En ese marco, durante el proceso de instalación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, representantes de los distintos partidos políticos, descubrieron que por “un lamentable olvido” de los legisladores, la reforma electoral, no contempló candados para impedir la intervención de grupos del narcotráfico en los procesos electorales.
Para corregir esa omisión, los partidos Convergencia Democrática y Partido de la Revolución Democrática, presentaron una propuesta para que la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el Cisen, investigue los antecedentes de los candidatos y participe en las investigaciones que realice la comisión de fiscalización sobre el origen de los fondos de los partidos en las campañas.
La propuesta, aunque de fondo necesaria a la luz de los más recientes acontecimientos ha dado origen a la primera de muchas tormentas porvenir en el renovado Instituto Federal Electoral, pues para muchos es inaceptable poner en duda la honorabilidad de los partidos y sus candidatos.
La posibilidad de un acuerdo en ese sentido, será definitivo para el futuro del proceso electoral.
Como todo proceso de cambio, las reformas representan una serie de amenazas y oportunidades.
Uno de los riesgos es que en aras de “la limpieza” de los procesos electorales, se vulneren derechos civiles y políticos de los propios ciudadanos y los partidos.
En contraparte, se presenta la oportunidad de que los partidos recuperen su razón de ser como vehículo de participación ciudadana al replantear sus propios procesos internos y la renovación de su oferta ante el electorado, y recuperar la credibilidad, que de acuerdo a las más recientes encuestas de opinión, esta por debajo incluso de las corporaciones policíacas, lo cual ya es mucho que decir.
