El maestro Francisco Gabilondo Soler, narra en una de sus obras más populares que en alguna ocasión el comal le dijo a la olla: “no me estés tiznando que me quitas el glamour”.
De la misma manera, dos diputados de extracción priísta, Antonio Cano Jiménez y Carlos Barboza Castillo protagonizaron hace algunos días, un peculiar debate que nos muestra la realidad del Congreso.
Cano Jiménez, que ahora cobra en el Congreso amparado en las siglas del partido azul y blanco reclamó airadamente a Barboza Castillo “la irresponsabilidad” de la bancada priísta por abandonar el recinto legislativo, durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, pues afirmó que con su salida los priístas solamente le hacen el juego a los delincuentes que han tomado por asalto el estado de Baja California, y éste le contestó: “igual pasa si nos quedamos”.
Cano Jiménez afirmó que la renuncia al cargo de Secretario de Seguridad, no resuelve el problema y Barboza le respondió, que “tampoco se resuelve si ese funcionario se queda”.
Y en efecto, ninguna utilidad práctica tuvo que abandonaran el recinto legislativo los diputados priístas, como tampoco la tuvo que los diputados panistas y del panal, se quedaran a escuchar la ya conocida explicación del Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, en el sentido de que los problemas de ingobernabilidad que sacuden al estado de Baja California, se deben a “la guerra por la plaza” que sostienen de tiempo atrás los sicarios del grupo criminal del Cártel de los Arellano Félix, que continúan con su enfrentamiento sangriento, ante la complaciente indolencia de los poderes estatales.
En esas condiciones, frente a una política de “no intervención en los asuntos internos de las bandas criminales” que ha adoptado el gobierno del estado de Baja California, tampoco tiene ninguna utilidad práctica que el titular del Poder Ejecutivo, Guadalupe Osuna Millán, cambie a su secretario de Seguridad Pública o al Procurador de Justicia.
El problema no es de personas, es de instituciones, y el ejercicio de las facultades para cumplir y hacer cumplir la ley, que según los juristas debe ser “de observancia general, abstracta e impersonal” o de lo contrario no existe. Ningún criminal, por más poderoso que sea puede gozar de fuero para que no se le aplique la ley.
Ese es el verdadero problema: Está roto el estado de derecho en Baja California.
¿Y para que sirven los diputados? Es la pregunta que con frecuencia el ciudadano común corriente se plantea.
Los propios legisladores, como en el caso que nos ocupa o no saben, o fingen demencia.
“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, expresa el artículo 5º. Constitucional, mientras que el artículo 13 señala: “El Poder Legislativo se deposita en una asamblea de representantes del pueblo que se denomina Congreso del Estado”.
De donde se infiere que la función principalísima del Congreso, es garantizar la plena vigencia de un régimen jurídico que emana del mandato popular para el desarrollo de la población en condiciones de orden, seguridad y justicia.
La propia ley reglamentaria que rige al Congreso del Estado, en su artículo 2 confiere a los diputados para el cumplimiento de sus funciones, dos facultades esenciales: la de legislación y la de fiscalización.
La primera es para que mediante la promulgación de leyes, programas y decretos, se definan las políticas públicas que orienten el ejercicio gubernamental.
La segunda, es para vigilar y garantizar que esas políticas públicas se cumplan.
No es función de un diputado que se precie de serlo, servir de comparsa de los intereses creados que distinguen el quehacer gubernamental, ni tampoco refugiarse en el discurso contestatario para no actuar.
La única acción digna de su investidura, es que los 25 diputados, que integran el Congreso, conocido también como “la soberanía popular” es un acuerdo para restituir en Baja California la vigencia del Estado de Derecho, y plantearle al Poder Ejecutivo y al Judicial, que ha llegado la hora de pasar de la complacencia y la indiferencia, de la irresponsable abdicación de responsabilidades, al ejercicio de la autoridad, para poner fin al fuero político de que gozan los criminales en Baja California.
O abandonan el glamour, o se van a seguir tiznando.
De la misma manera, dos diputados de extracción priísta, Antonio Cano Jiménez y Carlos Barboza Castillo protagonizaron hace algunos días, un peculiar debate que nos muestra la realidad del Congreso.
Cano Jiménez, que ahora cobra en el Congreso amparado en las siglas del partido azul y blanco reclamó airadamente a Barboza Castillo “la irresponsabilidad” de la bancada priísta por abandonar el recinto legislativo, durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, pues afirmó que con su salida los priístas solamente le hacen el juego a los delincuentes que han tomado por asalto el estado de Baja California, y éste le contestó: “igual pasa si nos quedamos”.
Cano Jiménez afirmó que la renuncia al cargo de Secretario de Seguridad, no resuelve el problema y Barboza le respondió, que “tampoco se resuelve si ese funcionario se queda”.
Y en efecto, ninguna utilidad práctica tuvo que abandonaran el recinto legislativo los diputados priístas, como tampoco la tuvo que los diputados panistas y del panal, se quedaran a escuchar la ya conocida explicación del Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, en el sentido de que los problemas de ingobernabilidad que sacuden al estado de Baja California, se deben a “la guerra por la plaza” que sostienen de tiempo atrás los sicarios del grupo criminal del Cártel de los Arellano Félix, que continúan con su enfrentamiento sangriento, ante la complaciente indolencia de los poderes estatales.
En esas condiciones, frente a una política de “no intervención en los asuntos internos de las bandas criminales” que ha adoptado el gobierno del estado de Baja California, tampoco tiene ninguna utilidad práctica que el titular del Poder Ejecutivo, Guadalupe Osuna Millán, cambie a su secretario de Seguridad Pública o al Procurador de Justicia.
El problema no es de personas, es de instituciones, y el ejercicio de las facultades para cumplir y hacer cumplir la ley, que según los juristas debe ser “de observancia general, abstracta e impersonal” o de lo contrario no existe. Ningún criminal, por más poderoso que sea puede gozar de fuero para que no se le aplique la ley.
Ese es el verdadero problema: Está roto el estado de derecho en Baja California.
¿Y para que sirven los diputados? Es la pregunta que con frecuencia el ciudadano común corriente se plantea.
Los propios legisladores, como en el caso que nos ocupa o no saben, o fingen demencia.
“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, expresa el artículo 5º. Constitucional, mientras que el artículo 13 señala: “El Poder Legislativo se deposita en una asamblea de representantes del pueblo que se denomina Congreso del Estado”.
De donde se infiere que la función principalísima del Congreso, es garantizar la plena vigencia de un régimen jurídico que emana del mandato popular para el desarrollo de la población en condiciones de orden, seguridad y justicia.
La propia ley reglamentaria que rige al Congreso del Estado, en su artículo 2 confiere a los diputados para el cumplimiento de sus funciones, dos facultades esenciales: la de legislación y la de fiscalización.
La primera es para que mediante la promulgación de leyes, programas y decretos, se definan las políticas públicas que orienten el ejercicio gubernamental.
La segunda, es para vigilar y garantizar que esas políticas públicas se cumplan.
No es función de un diputado que se precie de serlo, servir de comparsa de los intereses creados que distinguen el quehacer gubernamental, ni tampoco refugiarse en el discurso contestatario para no actuar.
La única acción digna de su investidura, es que los 25 diputados, que integran el Congreso, conocido también como “la soberanía popular” es un acuerdo para restituir en Baja California la vigencia del Estado de Derecho, y plantearle al Poder Ejecutivo y al Judicial, que ha llegado la hora de pasar de la complacencia y la indiferencia, de la irresponsable abdicación de responsabilidades, al ejercicio de la autoridad, para poner fin al fuero político de que gozan los criminales en Baja California.
O abandonan el glamour, o se van a seguir tiznando.
