El miércoles, el gobernador Guadalupe Osuna Millán, hizo un llamado a las mujeres y hombres de bien del estado de Baja California, para “derribar la cultura del crimen y narcotráfico, y derrumbar desde sus cimientos su poder de vinculación social”.
Como ha sucedido, con muchos otros políticos Osuna Millán, repite una de las grandes mentiras oficiales, con que autoridades de los tres niveles de gobierno, han justificado reiteradamente, el desproporcionado crecimiento y poderío descomunal que han alcanzado los grupos del crimen organizado en los últimos años.
Expresiones como “narcocultura”, “la descomposición social”, “la cultura de la muerte” y otros eufonismos retóricos, son con frecuencia el referente de la clase política para abdicar del ejercicio de las facultades que le otorga la ley y huir graciosamente de las responsabilidades, a que la propia ley les obliga, y nos dicen simplemente: “Si hay crimen, si hay narcos, si hay impunidad”, es culpa de la sociedad.
Pero salvo prueba en contrario que tengan las autoridades, esa hipótesis de que el narcotráfico y el crimen organizado realiza sus actividades ilícitas, bajo el amparo de una base social, carece de todo sentido y fundamento.
No existe una sola prueba objetiva con que las autoridades puedan demostrar que existe una narcocultura en Baja California.
Talvezmente, como dijo un “indito” existen países, en donde por distintas circunstancias, las apariencias indiquen que el narcotráfico tiene una base social importante, a partir de ciertas alianzas tejidas entre grupos de guerrilleros y los clanes de grupos criminales, pero ni siquiera en ese tipo de regiones es posible asegurar, con bases objetivas que el crimen tiene una base social importante.
La experiencia de Colombia, en donde movimientos guerrilleros, han perdido credibilidad y apoyos sociales importantes, son la evidencia palpable de que la tesis gubernamental, es tan absurda como imposible: Crimen y Sociedad son naturalezas irreconciliables por si mismas. Lo uno atenta contra lo otro.
En términos biológicos, sociedad y crimen son enemigos naturales.
Algunos sustentan la tesis de una “narcosociedad” a partir de ejemplificar con algunas comunidades de origen de algunos criminales, en donde ante el abandono gubernamental, han sido aquellos los que han realizado fuertes inversiones en infraestructura urbana y carretera, edifican escuelas y hasta edifican iglesias, pero eso, de acuerdo a reconocidos sociólogos, no es más que una manifestación de poder de los propios carteles de la droga.
En estricto sentido los narcos llegan a ocupar en esas comunidades, el vacío que dejan las autoridades gubernamentales, al abdicar de sus responsabilidades.
Hay en cambio, múltiples evidencias que apuntan hacia una “narcopolítica” o “descomposición gubernamental” para plantearlo en los mismos términos de la retórica.
No hay que ir muy lejos en esta cuestión. Todas las evidencias que la opinión pública ha podido conocer acerca de los acontecimientos violentos que sacuden al país, muestran que no ha sido la sociedad, sino círculos importantes y bastante amplios de la esfera gubernamental, los que han establecido una alianza simbiótica, con grupos criminales igual de diversos.
La enorme corrupción policíaca que se ha ventilado en los últimos meses en todo el país, no es sino una expresión de un mal mucho más grave, que requerirá, eso si, una fuerte alianza entre los “hombres y mujeres de Estado de bien”, (algún funcionario debe de haber bueno) y la sociedad civil.
Ese mal es la corrupción política, convertida actualmente en el arte del cinismo, de los pretextos y la abdicación de principios éticos y morales.
Como ha sucedido, con muchos otros políticos Osuna Millán, repite una de las grandes mentiras oficiales, con que autoridades de los tres niveles de gobierno, han justificado reiteradamente, el desproporcionado crecimiento y poderío descomunal que han alcanzado los grupos del crimen organizado en los últimos años.
Expresiones como “narcocultura”, “la descomposición social”, “la cultura de la muerte” y otros eufonismos retóricos, son con frecuencia el referente de la clase política para abdicar del ejercicio de las facultades que le otorga la ley y huir graciosamente de las responsabilidades, a que la propia ley les obliga, y nos dicen simplemente: “Si hay crimen, si hay narcos, si hay impunidad”, es culpa de la sociedad.
Pero salvo prueba en contrario que tengan las autoridades, esa hipótesis de que el narcotráfico y el crimen organizado realiza sus actividades ilícitas, bajo el amparo de una base social, carece de todo sentido y fundamento.
No existe una sola prueba objetiva con que las autoridades puedan demostrar que existe una narcocultura en Baja California.
Talvezmente, como dijo un “indito” existen países, en donde por distintas circunstancias, las apariencias indiquen que el narcotráfico tiene una base social importante, a partir de ciertas alianzas tejidas entre grupos de guerrilleros y los clanes de grupos criminales, pero ni siquiera en ese tipo de regiones es posible asegurar, con bases objetivas que el crimen tiene una base social importante.
La experiencia de Colombia, en donde movimientos guerrilleros, han perdido credibilidad y apoyos sociales importantes, son la evidencia palpable de que la tesis gubernamental, es tan absurda como imposible: Crimen y Sociedad son naturalezas irreconciliables por si mismas. Lo uno atenta contra lo otro.
En términos biológicos, sociedad y crimen son enemigos naturales.
Algunos sustentan la tesis de una “narcosociedad” a partir de ejemplificar con algunas comunidades de origen de algunos criminales, en donde ante el abandono gubernamental, han sido aquellos los que han realizado fuertes inversiones en infraestructura urbana y carretera, edifican escuelas y hasta edifican iglesias, pero eso, de acuerdo a reconocidos sociólogos, no es más que una manifestación de poder de los propios carteles de la droga.
En estricto sentido los narcos llegan a ocupar en esas comunidades, el vacío que dejan las autoridades gubernamentales, al abdicar de sus responsabilidades.
Hay en cambio, múltiples evidencias que apuntan hacia una “narcopolítica” o “descomposición gubernamental” para plantearlo en los mismos términos de la retórica.
No hay que ir muy lejos en esta cuestión. Todas las evidencias que la opinión pública ha podido conocer acerca de los acontecimientos violentos que sacuden al país, muestran que no ha sido la sociedad, sino círculos importantes y bastante amplios de la esfera gubernamental, los que han establecido una alianza simbiótica, con grupos criminales igual de diversos.
La enorme corrupción policíaca que se ha ventilado en los últimos meses en todo el país, no es sino una expresión de un mal mucho más grave, que requerirá, eso si, una fuerte alianza entre los “hombres y mujeres de Estado de bien”, (algún funcionario debe de haber bueno) y la sociedad civil.
Ese mal es la corrupción política, convertida actualmente en el arte del cinismo, de los pretextos y la abdicación de principios éticos y morales.
Osuna Millán hizo jefe policiaco a Nieves reta
por recomendación de Jesús González Reyes
Es claro, que detrás de un policía corrupto, existe un político corrupto, o cuando menos irresponsable e indolente.
Juan Manuel Nieves Reta, por ejemplo, el subdirector operativo de la Policía Municipal, actualmente privado de su libertad y sometido a investigación por autoridades federales, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, no llegó a ese puesto, por ser un buen policía.
Es más, los que lo conocen, saben que ni siquiera era policía.
Hace casi 20 años, era un humilde militante panista, que a falta de una mejor plaza, muchos lo recuerdan barriendo los patios de la Promotora de Desarrollo Urbano, cuando recién llegó al poder Ernesto Rufo Apel.
Francisco Javier Reynoso Nuño, actualmente delegado de Migración en Baja California, lo hizo después agente de Tránsito, y después en 1995, apareció como jefe de la Policía en San Antonio de los Buenos, durante el periodo de gobierno de Guadalupe Osuna Millán.
¿Qué facultades le vio entonces, el hoy gobernador de Baja California a esta persona para hacerlo jefe policíaco, cuando apenas unos meses antes, era distinguido militante de un grupo panista que por aquellos tiempos se le conoció con el mote de “los dorados”, porque eran todos agentes de tránsito?
Seguramente Osuna Millán, ni siquiera revisó sus antecedentes. Se sabe que lo nombró jefe de Policía, por una serie de compromisos que el hoy gobernador tenía con el hoy también exalcalde Jesús González Reyes, quien durante su periodo como presidente municipal de Tijuana, lo hizo nadamás y nada menos que director de Policía, y más recientemente, se lo recomendó al alcalde Jorge Ramos, para ocupar la plaza de “director operativo”, es decir, el comandante en jefe de la Policía Municipal de Tijuana.
¿Cuantos casos más de estos hay en Baja California?
¿Cuántos más existen en todo el país?
Difícil de decir, si estamos, como dicen algunos polítologos, en el umbral de un “narcoEstado”.
Pero no es una mera coincidencia que el presidente Felipe Calderón le haya asignado al nuevo Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como tarea prioritaria, frenar el avance de la narcopolítica.
No le abonan en nada a esta tarea, quienes siguen culpando a la sociedad en general de todos los males.
Juan Manuel Nieves Reta, por ejemplo, el subdirector operativo de la Policía Municipal, actualmente privado de su libertad y sometido a investigación por autoridades federales, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, no llegó a ese puesto, por ser un buen policía.
Es más, los que lo conocen, saben que ni siquiera era policía.
Hace casi 20 años, era un humilde militante panista, que a falta de una mejor plaza, muchos lo recuerdan barriendo los patios de la Promotora de Desarrollo Urbano, cuando recién llegó al poder Ernesto Rufo Apel.
Francisco Javier Reynoso Nuño, actualmente delegado de Migración en Baja California, lo hizo después agente de Tránsito, y después en 1995, apareció como jefe de la Policía en San Antonio de los Buenos, durante el periodo de gobierno de Guadalupe Osuna Millán.
¿Qué facultades le vio entonces, el hoy gobernador de Baja California a esta persona para hacerlo jefe policíaco, cuando apenas unos meses antes, era distinguido militante de un grupo panista que por aquellos tiempos se le conoció con el mote de “los dorados”, porque eran todos agentes de tránsito?
Seguramente Osuna Millán, ni siquiera revisó sus antecedentes. Se sabe que lo nombró jefe de Policía, por una serie de compromisos que el hoy gobernador tenía con el hoy también exalcalde Jesús González Reyes, quien durante su periodo como presidente municipal de Tijuana, lo hizo nadamás y nada menos que director de Policía, y más recientemente, se lo recomendó al alcalde Jorge Ramos, para ocupar la plaza de “director operativo”, es decir, el comandante en jefe de la Policía Municipal de Tijuana.
¿Cuantos casos más de estos hay en Baja California?
¿Cuántos más existen en todo el país?
Difícil de decir, si estamos, como dicen algunos polítologos, en el umbral de un “narcoEstado”.
Pero no es una mera coincidencia que el presidente Felipe Calderón le haya asignado al nuevo Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como tarea prioritaria, frenar el avance de la narcopolítica.
No le abonan en nada a esta tarea, quienes siguen culpando a la sociedad en general de todos los males.
