La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) no se oponen a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno investiguen, procesen y, de ser el caso, sancionen a las personas en contexto de movilidad que cometan faltas administrativas o delitos, pero observarán que la actuación de las autoridades se realice con apego a la ley, al respeto a los derechos humanos y enfoque humanitario, ante el riesgo latente de que se cometan injusticias o se separe a los integrantes de las familias de personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida.
Señalan que las detenciones de las personas que cometan faltas administrativas o infrinjan la ley deberán realizarse con base en el marco jurídico vigente y con pleno respeto a su dignidad, para ser presentadas de inmediato ante las autoridades correspondientes –juez cívico o Agente del Ministerio Público—, que deberán abstenerse de realizar revisiones migratorias, las cuales son competencia exclusiva legal y constitucionalmente del Instituto Nacional de Migración (INM).
La CNDH, CONAPRED y CEDHBC subrayan que el derecho a la seguridad de las personas y comunidades por las que transitan las personas migrantes es totalmente compatible con el respeto a los derechos humanos de quienes, por situaciones diversas como pobreza, marginación y violencia, han tenido que abandonar sus lugares de origen, por lo cual se mantendrán atentas a que las autoridades ajusten su actuación al marco del Derecho.
Esta Comisión Nacional expresa una vez más –como lo ha hecho de manera reiterada desde que ingresaron las caravanas migrantes a nuestro país— que las personas migrantes deben respetar las leyes del país por el que transitan y evitar caer en conductas o actos que transgredan los derechos de personas y comunidades que recorren, como muestra de orden y respeto hacia quienes les han mostrado su solidaridad y apoyo.
De igual manera recuerda que, desde el pasado mes de octubre en que las distintas caravanas ingresaron a nuestro país, ha desarrollado actividades de acompañamiento y protección de los derechos fundamentales de sus integrantes, además de diversas gestiones ante autoridades federales, estatales y municipales para que se les otorgue alimentación, agua potable, servicio médico y acceso al traslado humanitario, especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas mayores y con discapacidad.
En este sentido, la CNDH, Comisiones Estatales, Procuraduría y Defensorías de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil, han emprendido distintas acciones tendentes a proteger los derechos humanos y dignidad de las personas en contexto de migración, como brindarles también asesoría jurídica y orientación para la realización de trámites en nuestro país y en Estados Unidos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos y al actuar de las distintas autoridades, para que se conduzcan con apego a la ley y brinden trato humanitario a las personas de las distintas caravanas que recorren nuestro país.
